El pasado sábado 10 de octubre, el gobierno de España aprobó el Estado de Alarma para la Comunidad de Madrid por un periodo de quince días, luego de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) suspendiera la orden ministerial de restricción de movilidad que el gobierno había impuesto a Madrid capital.
Desde el comienzo de la crisis del COVID-19 o, mejor dicho, desde que el gobierno decreta el Estado de Alarma el viernes 13 de marzo, Madrid se ha convertido en epicentro de una batalla por el control político de la capital de España.
Por un lado, tenemos al gobierno nacional, encabezado por Pedro Sánchez e integrado por un conjunto de partidos de izquierda, donde unos buscan cambiar el sistema político y pasar de una Monarquía Parlamentaria a una República, y otros, buscan la independencia de Cataluña o del País Vasco.
Por el otro, tenemos al gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, quien gobierna también con una coalición de partidos, pero en este caso, partidos de derecha comprometidos con el cumplimiento de la Constitución, la defensa y el respeto por las instituciones y la democracia en general, dichos partidos son el PP, VOX y Ciudadanos.
Madrid, representa la capital política y económica de España, con una población que supera los seis millones y medio de habitantes residentes en la Comunidad.
Adicionalmente, su localización en el centro geográfico de la península ibérica le otorga un privilegio adicional que no es otro que su posición casi equidistante de cualquier parte de la península.
Su ubicación la convierte en un punto ideal de destino, de partida, o simplemente de paso para una cantidad ingente de personas a través de medios de transporte privados y de una de las redes más completas y modernas de transporte público del mundo.
La gestión de la primera ola de la pandemia por parte del gobierno nacional se caracterizó por la aplicación de un estado de alarma a nivel nacional hasta el mes de junio, la compra mascarillas e implementos sanitarios a sobre precio y de mala calidad (que tuvo que devolver en alguna ocasión y exigir un nuevo envío de material) y los ataques políticos constantes a la Comunidad de Madrid y a su presidenta.
La Comunidad de Madrid por su parte, cerró colegios una semana antes de que el gobierno anunciara el primer estado de alarma y para el 10 de junio, ya habían aterrizado en Madrid veinte aviones de carga con material sanitario, acondicionó el centro de convenciones IFEMA como hospital de campaña y regaló en una ocasión mascarillas de alta calidad a los residentes de la comunidad y en una segunda ocasión a los jubilados por ser personas de riesgo.
Durante el verano, los contagios disminuyeron y la calma volvió, pero con las características antes mencionadas de Madrid, el regreso de las vacaciones significó que los contagios comenzaron a crecer nuevamente llegando los registros en algunos distritos de la capital y municipios de la Comunidad a más de mil contagios por cada cien mil habitantes.
El gobierno nacional atacó nuevamente la gestión que la Comunidad hacía de esta segunda ola aprovechando que durante el verano decidió que las CCAA serían las responsables de la gestión de la pandemia de acuerdo con sus propios criterios, eludiendo así su responsabilidad como coordinador nacional ante una situación sanitaria grave como la que plantea el Covid-19.
Madrid no sólo tomó las medidas necesarias para la vuelta al cole, prueba de fuego donde las haya, sino que también tomó la decisión (dura pero necesaria) de confinar algunos municipios de la comunidad, así como algunos distritos de la villa de Madrid, todos con mil o más contagios por cada cien mil habitantes.
Pero esto no fue suficiente, los ataques por parte del gobierno no se hicieron esperar, se organizaron protestas puntuales y se multiplicaban las declaraciones diarias de miembros del gobierno ante los medios de comunicación, preparando así el terreno para una orden ministerial que mantendría los municipios que ya estaban confinados y además confinaría la totalidad de distritos de Madrid capital.
Esta orden fue tumbada por el TSJM la semana pasada, dejando las zonas confinadas originalmente por la Comunidad de Madrid ya que la orden ministerial violaba derechos fundamentales que sólo pueden ser limitados mediante una Ley Orgánica, es por esto, que el gobierno organiza un Consejo de Ministros el sábado diez y decreta el estado de alarma, restableciendo las restricciones de la orden ministerial.
Este ha sido el último capítulo por los momentos de una batalla de varios meses ideada y puesta en marcha desde el gobierno nacional con la única intención de desgastar al gobierno autonómico de Madrid y que ha dado como resultado en las encuestas realizadas desde la aprobación del estado de alarma, que Isabel Díaz Ayuso barra a sus adversarios y demuestre el respaldo de la población hacia su gestión y su gobierno, echando por tierra los planes del gobierno nacional.
La aplicación de políticas basadas en criterios técnicos y con el objetivo de garantizar la salud de las personas y el cuidado de la economía lo más posible, han sido reconocidas y apoyadas por la mayoría de la población.
Es esta combinación de buena gestión y respaldo popular lo que ha dado a Isabel Díaz Ayuso una ventaja política que debe aprovechar al máximo ya que los ataques políticos de la izquierda contra su gestión están garantizados.
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