En la búsqueda por identificar la forma como los municipios a través de sus gobiernos locales responden al desafío que supone la realidad energética en Europa y particularmente en España, he identificado la figura de las comunidades energéticas, que en algunos casos le agregan el término “provinciales” y en otros “locales”, pero que en esencia representan una iniciativa que vincula a comunidades de vecinos, barrios y/o polígonos industriales para que colectivamente se beneficien de unas mismas instalaciones de generación eléctrica o térmica y/o de cualquier otra medida relacionada con la materia energética que se desarrolle o se impulse en el espacio geográfico respectivo.

Para entender el marco institucional de esas comunidades energéticas, hay que acudir a dos directivas concretas de la Unión Europea, y en cuyo contenido nos habla de comunidades ciudadanas de energía y también de comunidades de energía renovables.

La Directiva UE 2019/944 (1), nos habla de las comunidades ciudadanas de energía, y nos la presenta como una entidad jurídica, basada en la participación voluntaria y abierta, cuyo control efectivo lo ejercen socios o miembros de la misma, sean personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios o pequeñas empresas y cuyos objetivos son:

-Ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus miembros o socios o a la localidad en la que desarrolla su actividad, más que generar una rentabilidad financiera.

-Participar en la generación, incluida la procedente de fuentes renovables, la distribución, el suministro, el consumo, la agregación, el almacenamiento de energía, la prestación de servicios de eficiencia energética o, la prestación de servicios de recarga para vehículos eléctricos o de otros servicios energéticos a sus miembros o socios.

La mencionada Directiva tiene como objetivo definir normas comunes en materia de generación, transporte, distribución, almacenamiento de energía y suministro de electricidad, así como normas relativas a la protección de los consumidores, con vistas a la creación en la Unión de unos mercados de la electricidad competitivos realmente integrados, centrados en el consumidor, flexibles, equitativos y transparentes.

La Directiva UE 2018/2001, nos habla de la comunidad de energía renovable (2) y nos la presenta como un espacio de participación al cual tienen derecho tanto los consumidores finales, como los consumidores domésticos, y destaca que en el caso de las empresas privadas, su participación en la comunidad es posible siempre y cuando no constituya su principal actividad comercial o profesional.

Según el texto de la Directiva, las comunidades de energías renovables buscan impulsar la eficiencia energética en los hogares y contribuir a combatir la pobreza energética mediante la reducción del consumo y gracias a precios de suministro más bajos; además nos dice que las mismas a través de sus formas de organización están orientadas a compartir entre sí energía producida por las instalaciones propiedad de la comunidad.

Por su parte, en el marco jurídico español, en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, mediante la modificación de varios artículos de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (3), se habla de las comunidades de energías renovables como “entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras.”

Ese Real Decreto-Ley, según nos dice la exposición de motivos, busca a través de su desarrollo normativo, garantizar una transición energética, limpia, justa, fiable y económicamente competitiva, especialmente importante en el escenario que se plantea una vez superado el estado de alarma como consecuencia de la pandemia.

Oportuno es señalar que en el Plan de Recuperación y Resiliencia de España 2020, se hace referencia a las comunidades de energías renovables y también se habla de comunidades energéticas locales, específicamente en el componente 7 sobre despliegue e integración de energías renovables, que se desarrolla en el marco del eje estratégico 3: Transición energética justa e inclusiva.

El Plan se plantea el desarrollo de las comunidades energéticas para el impulso de la participación de la ciudadanía en la transición energética y, en concreto, destaca el desarrollo tanto de las comunidades de las energías renovables como de las comunidades ciudadanas de energía, claramente haciendo referencia a las directivas previamente mencionadas. (4)

En la práctica, ese contexto legal, político y técnico se concreta a través de las comunidades energéticas denominadas Toda Sevilla (5), Toda Energía (6), en Navarra, y Toda Valladolid (7) en Castilla y León; en estos casos, la iniciativa ha sido impulsada por las respectivas Cámaras de Comercio y con la participación de Edinor.

Los medios registran que en Toda Sevilla hasta la fecha del presente artículo se han sumado al proyecto 28 Ayuntamientos; en el caso de Toda Energía (8), Navarra, se habla para agosto 2022 que tiene unas 57 entidades locales vinculadas al proyecto y en el caso de Toda Valladolid, se aspira que hayan 30 municipios asociados (9).

Pero también se pueden ubicar comunidades energéticas locales en Cantabría (10) y en el País Vasco (11), en cuyo desarrollo participan tanto municipios con menos de 5.000 habitantes, así como ciudades superiores a 100.000 y una capital como Donostia-San Sebastián.

Por cierto, en La Rioja, la Cámara de Comercio12 ha impulsado desde julio 2022 la idea de desarrollar la Comunidad Energética y tal como sucede en los casos anteriores, el modelo que desarrollarán es el que ha planteado Edinor13, filial de Petronor, quien promueve la integración de energías renovables en el sistema energético.

Son varias iniciativas que se impulsan en España, resulta muy interesante hacer seguimiento a estas iniciativas para valorar cómo se desarrollan y logran responder a los desafíos que la realidad energética impone a España en estos tiempos donde la energía experimenta los efectos de la Guerra en Ucrania.

Carlos Romero Mendoza.

@carome31