El Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE en el Consejo, han logrado alcanzar acuerdos políticos sobre el paquete de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE) y ahora solo hay que esperar a que los mismos se concreten en instrumentos jurídicos.
Entre esos acuerdos, es oportuno destacar a los fines de este artículo, la “flexibilidad total” para que los Estados miembros decidan el reparto de los recursos para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, que incluye la iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas.
Esto exige que cada Estado miembro de la UE buscar un equilibrio para el uso de estos recursos, entre el apoyo a las necesidades de las zonas más afectadas por la pandemia y la necesidad de seguir centrándose en las regiones menos desarrolladas.
Específicamente sobre el Fondo Europeo para el Desarrollo Regional (Feder) para el período 2021-2027 hay que señalar que se ha aprobado un cambio en su Reglamento que introduce la exigencia a cada Estado miembro de la UE a prestar particular atención a las dificultades que experimentan las provincias, municipios o agrupaciones de municipios que estén escasamente poblados.
Por escasamente poblados debemos entender que se trata de toda población de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado o menos, o aquellas que hayan perdido una media de al menos el 1% anual de población entre 2007 y 2017.
El Feder, según su Reglamento No 1301/2013 del 17 de diciembre 2013, es un Fondo que busca contribuir a reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas, entre las que debe prestarse especial atención a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes.
Según las distintas Fuentes consultadas, el cambio plantea un enfoque positivo, porque aborda el problema demográfico por primera vez desde las provincias, municipios o agrupaciones de municipios, y además, no se limita a la densidad de población, sino que empieza a considerar también en el análisis la pérdida de la población que es un elemento muy importante.
El cambio en el Reglamento busca precisar mucho más a los Estados miembros de la UE sobre los criterios para poder acordar la distribución de los recursos provenientes del Feder y alimenta las expectativas sobre la capacidad real del Estado español para enfrentar con efectividad el reto demográfico.
Desde el 2017 el Estado español ha tomado algunas iniciativas institucionales para abordar el desafío demográfico, en primer lugar creó un Comisionado para atender la problemática, más adelante, con el gobierno de Pedro Sánchez, el reto demográfico cobra una aparente importancia, al ser reconocido como parte de la misión que debe perseguir uno de los Ministerios creados por el Gobierno.
Con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, se introduce la figura una vicepresidenta cuarta y en este marco institucional, se eliminó la figura del Comisionado.
La pandemia ha generado la necesidad de todos los gobiernos de valorar las estrategias para la recuperación económica y social luego de los efectos de la Covid-19, en el caso particular de España el reto demográfico es parte de esa hoja de ruta que el gobierno ha presentado para la recuperación.
En octubre 2020, la vicepresidenta cuarta y ministra para la transición ecológica y reto demográfico, Teresa Ribera, se comprometió a que para finales del año 2020 se lograría aprobar de manera definitiva la Estrategia Nacional para enfrentar el Reto Demográfico que desarrollará las siguientes líneas estratégicas:
1.- Reducir la brecha digital.
2.- Impulso de empleo joven.
3.- Estatuto básico para pequeños municipios.
Es importante no olvidar que algunas Comunidades Autónomas, como por ejemplo Cantabria, La Rioja y Asturias tienen sus propias estrategias para enfrentar el desafío demográfico cuyos planes o agendas no han cumplido el plazo establecido para su ejecución.
En el caso de otras Comunidades Autónomas como Castilla y La Mancha y Castilla y León, anuncian instrumentos jurídicos para enfrentar el reto demográfico, en el caso de Castilla La Mancha en marzo 2020 y se aprobó el inicio de la preparación del Anteproyecto que se identifica como Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del medio rural, y en el caso de Castilla y León se denominará Ley de dinamización demográfica.
Por cierto resulta oportuno destacar que el 8 de noviembre la Junta de Castilla y León anunció el inicio de la consulta del Anteproyecto de Ley de dinamización demográfica, que inició con un foro abierto y durará hasta el 4 de febrero 2021. La consulta pública sin duda alguna se convierte en una herramienta muy importante para involucrar al ciudadano en este tema tan estratégico para el futuro de España.
España pareciera estar preparada para avanzar en el reto demográfico, y además, cuenta con algunas experiencias autonómicas en esta material que aportan valor agregado y en consecuencia no deberían ser ignoradas.
