“Todo pasa por lo local”, es una frase que quiero rescatar porque resume con mucha claridad la razón por la cual las ciudades y sus gobiernos deben jugar un papel estratégico en las decisiones, implementación y evaluación de las políticas que se diseñen para enfrentar desafíos como el de la despoblación; esa frase la tomo de las palabras de Carlos Daniel Casares, durante su participación como Secretario General de la Federación Española de Municipios y Provincias en el V Foro de las Ciudades en el 2022.

Luego de revisar distintas informaciones que registraron la participación del gobierno de Castilla-La Mancha en dos eventos uno en Polonia y otro en Bélgica, en donde presentaron su experiencia de gestión en la lucha contra la despoblación, me interesé en identificar cómo las entidades locales afectadas por ese fenómeno cooperan y colaboran con el gobierno autonómico en esa materia, tomando en consideración que en Castilla-La Mancha hay unos 919 municipios, de los cuales según información de agosto 2023 divulgada por Cadena Ser, hay 500 municipios en extrema despoblación; 173 en intensa despoblación y 25 en riesgo de despoblación1.

En tal sentido, identifico en la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, la existencia del Consejo Regional de Desarrollo del Medio Rural, presentado como un órgano colegiado adscrito a la Vicepresidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha en cuanto a miembro del Consejo de Gobierno competente en materia de reto demográfico, que tiene la misión de servir de colaboración, cooperación y participación de la comunidad autónoma en materia de desarrollo del medio rural y lucha frente a la despoblación.

El Decreto 106/2021, de 19 de octubre2, define la organización, composición y régimen de ese Consejo Regional y en ese marco institucional, específicamente en el Pleno de ese Consejo, las entidades locales tendrán 5 representantes, que según la Ley deben ser autoridades electas, que expresamente deben representar las zonas afectadas por la despoblación y quienes serán designados por la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha.

Importante agregar que en ese Consejo también participará un representante por cada Diputación Provincial, así como un representante de las distintas consejerías autonómicas, de los sindicatos, de las universidades públicas, empresarios y la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural, entre otros.

Ahora bien, creo oportuno recordar, que cuando se habla de cooperación y colaboración interinstitucional entre el nivel autonómico y las entidades locales, el organigrama del Gobierno Autonómico, en la estructura de la Consejería de Hacienda, Administración Pública y Transformación Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha, registra la existencia de un Consejo Regional de Municipios y un Consejo Regional de Provincias que por sus funciones, también deberían tener un papel en la lucha contra la despoblación, por cierto, sobre ellos debo señalar que para el mes de octubre 2023, la web oficial del gobierno autonómico no refleja ninguna actividad de estos dos Consejos.3

Castilla-La Mancha no es la única comunidad autónoma que registra un instrumento jurídico que se acompaña de una hoja de ruta para enfrentar la despoblación, Galicia, Extremadura, Aragón y Comunitat Valenciana también registran sus respectivos instrumentos, por lo que acudí a las leyes autonómicas respectivas para comparar el diseño de representación de las entidades locales en las decisiones y acciones para enfrentar la despoblación.

A diferencia de Castilla-La Mancha, debo señalar que las leyes adoptadas en Aragón y Comunitat  Valenciana, no definen un número concreto de representantes locales en los espacios institucionales creados a nivel autonómico para la cooperación y colaboración en materia de despoblación, veamos:

En el caso de la Ley 13/2023, de 30 de marzo, de dinamización del medio rural de Aragón, se menciona la Comisión delegada del Gobierno para la política territorial como el órgano encargado de coordinar las políticas sectoriales de dinamización del medio rural y de lucha contra la despoblación.

La ley sólo establece la obligación del Gobierno de Aragón de promover cuanto instrumento de cooperación y colaboración interinstitucional sea necesario entre las distintas instancias de gobierno para la aplicación y gestión de las políticas públicas de dinamización, desarrollo territorial, reto demográfico y lucha contra la despoblación.

En ese contexto expresamente la Ley señala que esa Comisión delegada promoverá la creación de las comisiones sectoriales que considere necesarias con las diputaciones provinciales y los consejos comarcales para impulsar de manera coordinada, con pleno respeto a la autonomía local, los objetivos previstos en esta ley a través de actuaciones conjuntas de dichas administraciones.

En el caso de la Ley 5/2023, de 13 de abril, integral de medidas contra el despoblamiento y por la equidad territorial de la Comunitat Valenciana, el Consell está llamado a garantizar la participación activa de las administraciones locales de la Comunitat Valenciana y de otras entidades de la sociedad civil representativas del territorio en materia de lucha contra el despoblamiento.

Así como lo hace la Ley de Aragón, en este caso, y de manera general, la Ley establece que el órgano competente en materia de despoblamiento promoverá la formalización de instrumentos de colaboración y cooperación interadministrativa con las entidades locales y supramunicipales, para el desarrollo de actividades de interés común en municipios en riesgo de despoblamiento y sus comarcas.

En ese contexto, destaca de forma expresa la obligación de reforzar la red de agentes de desarrollo local en estos municipios, promoviendo su estabilización laboral, la colaboración y las sinergias entre agentes, y la mejora de su formación y profesionalización.

Es importante destacar que esa Ley 5/23 del 13 de abril reconoce que la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, juega un papel clave en la cooperación para luchar contra la despoblación, para lo cual destinará incluso de financiación en los presupuestos de la Generalitat, en tal sentido, hasta ahora, es la única Comunidad Autónoma en la cual he conseguido un instrumento jurídico en el cual se concreta esa cooperación a través del Decreto 81/2008, de 6 de junio, del Consell, por el que se crea la Comisión Mixta de Cooperación entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias4.

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias, cuenta con una Oficina contra el Despoblamiento que según información pública recibiría en este año 2023 un total de 450 mil euros de la Generalitat, con la finalidad de enfrentar el fenómeno de la despoblación en el marco de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento5; información oficial actualizada para octubre 2023, nos advierte que la Comunitat Valenciana cuenta con 178 municipios en riesgo de despoblación, de un total de 542 municipios.6

La Ley 5/2021, de 2 de febrero, de impulso demográfico de Galicia, establece expresamente que será la Federación Gallega de Municipios y Provincias la responsable de proponer la representación de cada diputación y de los municipios ante la Comisión para el Impulso Demográfico, que es presentada por la Ley como el órgano de colaboración y cooperación entre la Administración autonómica, los municipios y las diputaciones provinciales de Galicia en materia de impulso demográfico.

Sobre la composición de esa Comisión la Ley señala que la misma debe ser paritaria entre la Administración autonómica y las administraciones locales, por lo tanto los representantes locales serán tantos como determine la cantidad de titulares de consejerías autonómicas designadas a ser parte de la Comisión.

La Ley exige que cada diputación provincial debe contar con una vocalía, que debe recaer bien en quien ostente la presidencia o quien tenga la condición de diputado provincial, y en el caso de la representación de las administraciones locales, deben ser quien ostente la alcaldía o quien tenga condición de concejal.

Para la composición de esa Comisión, la ley ordena considerar criterios territoriales, garantizando presencia de municipios de diferentes tamaños y agrega expresamente que deben estar “convenientemente representados los que cuenten con una población inferior de cinco mil habitantes.

Por cierto, en julio 2023, en el marco del V Congreso Red Localis, la directora general de Administración Local del Gobierno de Galicia, Natalia Prieto, afirmó que se trabaja en una propuesta que supone un régimen especial para 278 municipios de la comunidad que, o bien tienen menos de 5.000 habitantes, o se encuentran en riesgo de despoblación.7

En la Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura, solo hace referencia a la participación de las distintas Administraciones Públicas de Extremadura en las Mesas de Población de Extremadura, que como órgano colegiado garantizará la presencia de todos los sectores implicados en la problemática, y a tal fin un reglamento regulará su composición.

En este sentido el Decreto 75/2022, de 15 de junio, por el que se crea y regula la Mesa de Población de Extremadura, establece que habrá un representante de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias y un representante de cada Diputación Provincial y por la Administración autonómica estará la persona titular de un órgano directivo perteneciente a Presidencia de la Junta de Extremadura y a cada una de las Consejerías de la Junta de Extremadura, o personas en quienes deleguen.

Además, en esa Mesa participación también, un representante de la Universidad de Extremadura, de la Red Extremeña de Desarrollo Rural, dos representantes tanto del sector sindical como del Consejo Económico y Social y un representante del Consejo de la Juventud Extremeño.

Así como lo señalé en el caso de Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Extremadura esa cooperación entre la Junta de Extremadura y las entidades locales para abordar temas de interés local, como puede ser el de la despoblación, también encuentra un segundo espacio institucional, que es el Consejo de Política Local, creado en la Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía de la autonomía municipal de Extremadura.

El Consejo se presenta como un espacio institucional orientado a garantizar la efectividad de las relaciones de cooperación interinstitucional entre la Junta de Extremadura y las entidades locales como medio de hacer efectivo con carácter preliminar el reconocimiento y ponderación de los intereses municipales y otras entidades locales en materia de políticas públicas que se pretendan activar en el territorio autonómico.8

Por cierto el consejero de Infraestructura, Transporte y Vivienda del Gobierno de Extremadura, Manuel Martín Castizo, anunció que se trabaja en impulsar una Ley de medidas de ordenación urbanística contra la despoblación y de políticas inclusivas en el medio rural, que según explicó en un evento público celebrado en octubre 2023, se orientará a regular un régimen urbanístico específico para los municipios que por su tamaño y dinámica demográfica se encuentren en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.9

Porque “todo pasa por el municipio”, es fundamental revisar el diseño de gobernabilidad y gobernanza para garantizar cómo las voces legítimamente electas para representar los intereses locales y provinciales participan de manera efectiva en las decisiones autonómicas en temas que les afecta directamente, pero además, es esencial, comprender cómo en esa dinámica, otros actores sociales y económicos participan en el debate y en el diseño de la política pública.

Por la cantidad de municipios en cada una de las Comunidades Autónomas mencionadas en este artículo, sin duda alguna la representación se presenta como la formula más adecuada para poder registrar las necesidades de las comunidades afectadas por la despoblación.

Este tema de representación en las decisiones públicas en un tema tan sensible para el desarrollo integral de España tiene mucho camino por recorrer, estas iniciativas legislativas autonómicas dan un primer paso y permiten afirmar que es necesario profundizar en las formas de representación en las decisiones de los distintos gobiernos que necesariamente deben enfrentar la despoblación para no desaparecer.

El papel de las Federaciones Regionales en la representación de los municipios y provincias en los espacios institucionales se presenta como una fórmula adecuada, por lo que les corresponde a ellos mismos diseñar sus mecanismos de participación para garantizar que la voz de la Federación registre la realidad y desafíos inmediatos en materia de despoblación.

En tal sentido, una revisión a sus respectivas páginas web, sólo permiten identificar, en el caso de las Federaciones Regionales de Extremadura y de la Comunitat Valenciana, espacios que en sus estructuras evidencian su compromiso para enfrentar la despoblación. En el caso de Extremadura es a través de la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y Reto Demográfico y de la Comunitat Valenciana, la Oficina contra el Despoblamiento, en las otras Federaciones Regionales, me refiero a la de Aragón, Galicia y Castilla-La Mancha no hay referencia en su estructura a ningún espacio que esté orientado a la despoblación.

Para concluir, en la búsqueda de ese modelo de representación que sea más adecuado y que responda a las expectativas de cada región, es fundamental no olvidar, y en consecuencia, revisar y valorar el papel de aquellos otros órganos de cooperación y colaboración que las leyes autonómicas han creado para precisamente relacionar e incluir distintos niveles de gobierno en la toma de decisiones.

Carlos Romero Mendoza

@carome31