Es evidente que España no va por buen camino, que es necesario un cambio real, que vaya más allá de un cambio de caras, de un lavado de imagen o de una mano de pintura en alguna fachada, poste o banco de algún parque.
España necesita un cambio en su estructura política, necesita hacer bien las cosas buenas, porque, hacer mal las cosas buenas, es lo que nos ha traído a este punto de nuestra historia.
Ese buenísmo que ha caracterizado a la derecha desde la transición. La renuncia a luchar y defender los valores, argumentos y criterios propios ante la izquierda hizo que ésta se apropiara del relato -democrático, histórico, reivindicativo, etc.-, de la cultura, de la educación y de la esperanza de la gente.
Ese buenísmo permitió que la mediocridad y el acomodo permearan cada institución y cada ámbito de nuestras vidas. Permitió que esa zona conocida como la caja negra de Easton, donde se toman los inputs o necesidades y reclamos de la sociedad para transformarlos en outputs o resultados, creciera en tamaño, opacidad e ineficiencia, con el resultado previsible de la frustración de las personas hacia la democracia o, mejor dicho, hacia los políticos y lo que hasta ahora han representado.
No tiene sentido hablar de democracia, concordia, entendimiento ni pactos, cuando el gobierno limita cada día los derechos y libertades de los ciudadanos y ataca a sus propias instituciones, cuando la concordia se entiende como la aceptación de lo que diga la izquierda, incluso sus ataques a todos los que disienten de ella, o cuando los pactos solo sirven para enquistar en el poder a quienes pactan, pero no ayudan a quienes deben ser el fin último de toda acción política como lo son los ciudadanos.
Imagine un país donde el fiscal general, que debe garantizar la acción de la justicia y su imparcialidad -enfrentándose en muchos casos al gobierno y sus instituciones-, haya sido ministra de justicia de ese mismo gobierno. Imagine un país donde los jueces, que deben garantizar la administración de justicia, sean designados en «pactos y negociaciones» entre partidos políticos. Imagine un país donde los sindicatos, en lugar de luchar por las reivindicaciones laborales y las necesidades de las personas, son subvencionados y mantenidos por el mismo gobierno que perjudica a los ciudadanos y a los trabajadores.
Un país así está condenado al trapicheo de favores, al atraso de sus gentes y a la decadencia de su moral institucional. Pues bien, ese país actualmente es España.
Otro ejemplo, aún más retorcido, se conoció ayer lunes trece, y es que el ministerio de justicia explica cómo borrar o eliminar los antecedentes penales a aquellos extranjeros que hayan cometido delitos y deseen solicitar la nacionalidad española. Esto de por sí es un ataque flagrante al sentido común, y una demostración de las intenciones del gobierno y que la mayoría de los partidos políticos no quieren ver. Implantar el modelo chavista en España.
Esto es lo que hay que cambiar de raíz. La designación del fiscal general no puede depender del gobierno. Los políticos no deben escoger a los jueces. Los sindicatos no deben ser subvencionados por ningún gobierno. Los delincuentes y criminales no pueden borrar sus antecedentes penales para adquirir la nacionalidad española, y mucho menos, ser asesorados por el propio gobierno.
Lo que debería ser la organización óptima y sensata del sistema político español, parece más bien, un compendio de acuerdos entre grupos y mafias para controlar el poder a todos los niveles.
El socialismo del siglo XXI español se aprovecha de la actual conformación del sistema político y de la atrofia y debilidad identitaria que la derecha ha sufrido a manos del PP para crispar, enfrentar y polarizar. Creando las condiciones necesarias a nivel político, económico, social, educativo, religioso -en todos los niveles imaginables-, para que la presión sobre el ciudadano sea tal que no tenga más opción que dejarse llevar o someterse a la realidad que le están imponiendo.
Una sociedad ocupada en subsistir, agobiada en su día a día por todas las obligaciones y obstáculos que debe enfrentar, es una sociedad que más temprano que tarde dejará de participar o de involucrase en política, renunciando así a su rol como poder originario, entregándoselo precisamente, a quienes menos debe, a sus gobernantes. Así, se crean las crisis de las democracias y surgen las dictaduras y las autocracias como «solución» a las mismas.
Como dije anteriormente, la estructura del sistema político español debe cambiar. Hacer bien las cosas buenas. Ya sé que suena a eslogan publicitario, pero es una labor titánica, porque solo puede ser realizada por personas que quieran hacerlo, que tengan la vocación, los valores y las ideas claras para llevar a cabo esta empresa. Y de eso, no es que vayamos sobrados precisamente en España.
