Después de las manifestaciones del fin de semana, exigiendo la reducción de impuestos, a la luz, gas y carburantes; y para apoyar al sector del campo en general, esperábamos que el gobierno de Pedro Sánchez tomara cartas en el asunto, y así lo hizo, pero para perjuicio de los ciudadanos.
En mi artículo de la semana pasada, comparaba las decisiones que habían tomado distintos países de la Unión Europea para reducir el impacto del aumento de los carburantes, la luz, el gas, así como las repercusiones de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en la economía, con la parsimonia del gobierno español, que para entonces, decía que se pensaría una reducción de los impuestos pero que por el momento, no tomaría ninguna decisión al respecto.
Pues bien, durante esta semana, la ministra María Jesús Montero, de Hacienda; Yolanda Díaz, de Trabajo y la vicepresidenta Nadia Calviño, comunicaron a las Comunidades Autónomas y a los sindicatos de transporte que el gobierno reconoce como interlocutores válidos -ojo al dato, no a los que convocaron los paros de transporte, sino con los que el gobierno quiere hablar- los planteamientos del gobierno.
A las CCAA les dijeron que se van a tomar medidas -sin especificar ninguna- y, a los transportistas, les ofrecieron quinientos millones de euros para «ayudar» a cubrir los gastos del combustible del transporte profesional. Para los que utilizamos el vehículo particular no.
El resultado de estas reuniones era de esperar, la queja de las CCAA por la falta de seriedad del gobierno, y el rechazo por parte de los transportistas del ofrecimiento de «ayudas» gubernamentales.
A mediados de esta semana, el gobierno anunciaba que no bajaría los impuestos y planteaba seguir recaudando para luego dar ayudas a los distintos sectores afectados.
La estafa de esta propuesta mi estimado lector, es que, si el gobierno sigue recaudando, recauda del cien por ciento de los contribuyentes, pero sus «ayudas» de pacotilla, sólo irán a aquellos que cumplan con los criterios que el gobierno considere oportunos.
Aun cuando los efectos de la subida criminal de la luz, el gas y los carburantes nos afecta a todos, sólo algunos tendrían derechos a las ayudas y eso, significa varios millones de euros en los bolsillos del gobierno.
Y que nadie se equivoque, porque esos impuestos no van a pagar educación ni sanidad, esos impuestos son para someter cada vez a más personas dentro del círculo pernicioso de la dependencia del estado. Como muestra tenemos los veinte mil millones de euros para el ministerio de la señora Irene Montero o la paga de cuatrocientos euros mensuales para que los jóvenes dediquen a cultura y a tratar de emanciparse.
Los impuestos no son para crear empresas, ni mejores empleos, ni mucho menos diseñar una mejor educación que permita a nuestros hijos conseguir mejores oportunidades laborales. Los impuestos son para pagar ayudas para que sobrevivamos, ocupados en hacer frente a los problemas que nos agobian, a una realidad, diseñada para que sigamos pagando impuestos, altos sueldos y asesores a granel.
El futuro de España pasa por salir de este gobierno lo antes posible y realizar cambios estructurales a varios niveles de nuestra organización como estado. Pero oiga, que mientras no tengamos nuevas elecciones generales, este es el gobierno que tenemos, así que ¡arriba las manos que esto es el gobierno socialista de España!
O no, mejor aún, bajemos las manos y salgamos a exigir nuestros derechos y luchemos para que no nos puedan comprar con migajas ni discursos vacíos. Recuerde que su futuro también está en juego.