El Consejo General de la Psicología afirma que buscará proteger a los pacientes de los profesionales que se autodenominan ‘coachs’ o ‘terapeutas’.
El Consejo General de la Psicología ha anunciado que sacará su arsenal para defender la Psicología del intrusismo. En la ‘III Jornadas Nacionales de la Psicoterapia’ se afirmó la necesidad de “hacer más visible la profesión para hacer frente al intrusismo”. Un proceso en el que será fundamental un proceso de formación de los ciudadanos. Al menos, así lo ha indicado su presidente Francisco Santolaya Ochando, quien ha insistido en que “la población debe tener claro que si quiere una atención psicoterapéutica de calidad, debe acudir a psicólogo o psicóloga”.
María Jesús Álava Ruiz, directora del centro de Psicología Álava Reyes, ha querido ir un paso más allá y ha recalcado que es importante proteger a los ciudadanos de las ‘pseudociencias’, informando sobre qué es y no la Psicología. En la misma línea, ha precisado que combatir contra los profesionales que se autodenominan ‘coachs’ o ‘terapeutas’, dado que no necesariamente son profesionales con la formación requerida.
“Solo profesionales bien capacitados para ejercer la psicoterapia pueden dar esta ayuda y, por desgracia, abundan los charlatanes que se arrogan esta práctica profesional poniendo en riesgo la salud de los pacientes”, ha agregado Santolaya Ochando.
Más regulación
La hoja de ruta que ha diseñado el Consejo General de la Psicología pasa por aumentar la regulación de la profesión. “La falta de regulación de la Psicoterapia en España permite que personas con ansiedad o riesgo de suicidio sean ‘evaluadas’ y ‘tratadas’ por cualquiera”, han afirmado en las jornadas.
A través de un comunicado, el Consejo ahonda en que “cuando se trata de salud mental, la falta de regulación de la psicoterapia en nuestro país, abre las puertas a que cualquier persona ‘trate’ problemas tan graves como la ansiedad, la depresión o a que evalúe el riesgo de suicidio de un posible paciente, sin contar con la cualificación y la formación necesarias, y sin ningún tipo de garantía profesional”.
En concreto, buscarán establecer “una definición de competencias, de requisitos de formación y de límites en la práctica que garanticen la calidad de las intervenciones y la seguridad de las personas que acuden en busca de ayuda”. De esta manera, utilizarán como ejemplo los modelos empleados por “los países de nuestro entorno”.
Asimismo, hacen hincapié en la importancia de regularla más allá de cómo se encuentra actualmente en el Sistema Nacional de Salud, ya que consideran que se hace mención a ella de manera “muy genérica”.