Una jueza federal concluye que la ley de inmigración, conocida como Sección 1326 que data de 1929, se basa en “raíces racistas, nativistas”
La jueza Miranda Du, con sede en Reno, Nevada estima que la ley que estipula como un delito mayor el que una persona que ha sido deportada regrese a los Estados Unidos es inconstitucional. Este fallo puede tener implicaciones para diversas causas de inmigración abiertas.
En concreto, la Sección 1326 de la Ley Nacional de Inmigración y Nacionalidad penaliza que una persona entre a los Estados Unidos si se le ha negado permiso, ha sido deportada o expulsada. Fue promulgada en 1952 con base en la Ley de Extranjeros Indeseables aprobada en el Congreso en 1929.
De acuerdo al razonamiento de la jueza, la norma se basa en “raíces racistas, nativistas” y discrimina a los inmigrantes latinos por lo que viola la cláusula de protección de igualdad de la Quinta Enmienda de la Constitución.
Este apartado constitucional garantiza el derecho a una persona a negarse a responder a una autoridad, sobre la base de que esa respuesta podría incriminarla.
Du, una inmigrante vietnamita, fue nominada a la corte federal por Obama y prestó juramento en 2012.
Por su parte, la exjefa de la Oficina del Defensor Público en Nevada, Franny Forsman, califica el fallo de Du es revolucionaria por su exhaustividad. Además, señala que la Sección 1326 “todo el mundo que trabaja en las cortes federales conoce esa ley”. “Hay realmente muchos casos que han sido presentados a lo largo de los años bajo esa sección. Son mayormente causas de abogados de oficio”, añade.
“Creo que va a tener implicaciones porque va a ser difícil evadir su razonamiento”, dijo Forsman del fallo. “Es difícil esquivar una ley que fue llamada la ‘Ley de Espaldas Mojadas (wet-backs)’ por las personas que la promulgaron”. El término derogatorio se refiere a menudo a mexicanos que han ingresado ilegalmente al país, pero es empleado para denigrar a todos los hispanos.
Forsman estima que el Gobierno central discuta el fallo ante la Corte Federal de Apelaciones del 9º Circuito de San Francisco.
Sin embargo, Julián Castro, exsecretario de Vivienda, hizo un llamado a la Administración Biden para que no defienda una ley “con una historia increíblemente racista”.
A court recently struck down one of the 1920’s so-called “wetback laws” that criminalize desperation and allowed family separation. The court found it unconstitutionally discriminatory.
The Biden admin should not defend this law in the appeallate court. https://t.co/w2v6YHmNVo
— Julián Castro (@JulianCastro) August 20, 2021
Por su parte, ni el fiscal federal Christopher Chiou y ni su asistente se han pronunciado sobre el fallo.
