La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dejado claro que su responsabilidad en la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha concluido y que ahora la polémica sobre su tributación corresponde al Ministerio de Hacienda. En un foro de la OCDE en París, Díaz enfatizó que su competencia era garantizar el incremento del SMI y que es Hacienda la que debe aclarar si aplicará el IRPF a estos salarios más bajos.
Este desencuentro entre ministerios dentro del propio Ejecutivo ha generado una controversia política que refleja las tensiones entre los socios de coalición. Mientras el presidente Pedro Sánchez ha intentado minimizar la disputa, figuras como Irene Montero han criticado la medida, sugiriendo que aplicar impuestos al SMI va en contra del espíritu de protección social que el Gobierno dice defender.
La ministra ha insistido en que, hasta ahora, cada vez que se subía el SMI, Hacienda ajustaba el umbral de tributación para evitar que los beneficiarios se vieran afectados. Sin embargo, en esta ocasión, la situación ha sido distinta, y ni siquiera el Ministerio de Trabajo fue informado a tiempo. Según Díaz, se enteró por los medios de comunicación, al igual que otros miembros del Gobierno, lo que expone una preocupante falta de coordinación dentro del Ejecutivo.
A pesar de las diferencias entre el PSOE y Sumar, Díaz ha asegurado que el Gobierno «goza de buena salud» y ha aprovechado la oportunidad para enviar un mensaje a la oposición: «La derecha española debe asumir que este Gobierno seguirá ganando derechos y mejorando la vida de la gente». Esta declaración refuerza la estrategia del Ejecutivo de mostrarse unido en medio de las tensiones internas.
Más allá de la disputa política, la ministra ha querido poner el foco en los logros económicos del Gobierno, destacando que España lidera el crecimiento en la OCDE con un 3,2 % y que el país ha alcanzado un récord de ocupación con 21,8 millones de trabajadores. Defiende que el incremento del SMI ha impulsado el empleo y el consumo interno, desmontando las teorías que auguraban efectos negativos sobre la economía.
Sin embargo, la verdadera cuestión sigue sin resolverse: ¿se corregirá el umbral del IRPF para evitar que la subida del SMI se traduzca en mayores impuestos para los trabajadores más vulnerables? Mientras Hacienda guarda silencio, la incertidumbre sigue creciendo, y la polémica amenaza con convertirse en un nuevo frente de tensión dentro del Gobierno de coalición.
