Sareb quiere cuadruplicar las viviendas para alquiler social

Sareb quiere cuadruplicar las viviendas para alquiler social

Sareb quiere alcanzar las 10.000 viviendas cedidas a las administraciones públicas que son destinadas para alquiler social con una oferta dirigida a pequeñas poblaciones

Sareb pretende multiplicar por más de cuatro el número de viviendas cedidas a distintas administraciones públicas para que las destinen a alquileres sociales, hasta alcanzar la cota de las 10.000 desde las 2.400 actuales, según anunció el ‘banco malo’.

Para ello, la entidad comenzará a dirigir su oferta de pisos a ayuntamientos de pequeñas poblaciones, después de que desde 2013 haya firmado convenios para ceder viviendas con una docena de comunidades autónomas y catorce grandes ayuntamientos.

En virtud del nuevo plan para «impulsar» su contribución en materia de vivienda social, Sareb busca lanzar una «ofensiva municipal», esto es, dirigirse » a las ciudades de menor tamaño con problemas habitacionales».

De esta forma, la entidad que preside Jaime Echegoyen pretende elevar hasta los 10.000 pisos el número de 2.400 viviendas actualmente cedidas para usos sociales.

«La experiencia acumulada tras los años de vigencia de nuestro plan nos ha llevado a ampliar nuestros objetivos, poniendo el foco en el ámbito local», indicó Sareb a través de un comunicado.

OTRAS VÍAS DE COLABORACIÓN.

En paralelo a esta nueva iniciativa, Sareb está desarrollando otras vías de colaboración, como son la venta de vivienda a comunidades y ayuntamientos o la cesión temporal para situaciones de emergencia o para uso social.

En este sentido, el ‘banco malo’ recientemente cedió temporalmente 45 viviendas a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de Almoradí para ayudar a paliar los problemas derivados del temporal, la ‘DANA’, que afectó a la zona de Levante durante el pasado otoño y que causó daños en numerosas viviendas.

Además, la entidad ha vendido viviendas al Gobierno del País Vasco y en la actualidad se mantienen conversaciones con otras comunidades autónomas.

El Gobierno afirma que limitar el precio del alquiler no es la mejor solución