El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) sobre economía social y de los cuidados, dotado de 800 millones de euros. Se aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros y, según sus palabras, será «transversal y coral» al implicar el trabajo de 12 ministerios a través de nueve líneas de actuación.
«Después de la pandemia somos conscientes de la importancia de desarrollar y modernizar la economía de los cuidados, no solo por el desafío del envejecimiento de la población, sino sobre todo porque la experiencia de la pandemia nos ha hecho ver las debilidades y vulnerabilidades de un sector que, claramente, tenemos que mejorar entre todos», ha subrayado durante la presentación en la Moncloa.
Trabajo, mejora de la competitividad y emprendimiento
El primero de los objetivos del nuevo PERTE es el de «desarrollar todo el potencial que tiene la economía social», un sector que actualmente supone el 10 % del PIB español. Esto implica facilitar el relevo generacional de los trabajadores de las empresas del sector a través de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales.
De forma paralela, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha avanzado que se van a modificar la ley de cooperativas y la ley de la economía social, y se va a «modernizar» la ley que regula las empresas de inserción en España.
Seguidamente durante su intervención, Sánchez ha asegurado que el Gobierno busca mejorar la competitividad del sector, con medidas para la transformación digital y medioambiental de estas organizaciones, e impulsar mecanismos de cooperación entre las pymes. En definitiva, «reforzar las capacidades emprendedoras de nuestras empresas de economía social», ha afirmado.
Asimismo, el presidente ha expuesto que el desembolso de dinero público a través del PERTE tiene como segundo objetivo «fortalecer los servicios avanzados en el ámbito de los cuidados», con varias líneas de actuación: fomentar la formación, cualificación y recualificación de los profesionales del sector; promover proyectos de viviendas colaborativos para personas mayores o dependientes; mejorar la atención prestada en la infancia y la adolescencia para la inclusión social de los jóvenes; o favorecer desarrollos tecnológicos para la prestación de servicios sin ahondar en la exclusión social.
Una bolsa de cuidado profesional para favorecer la conciliación
Entre esas líneas de actuación, el jefe del Ejecutivo ha mencionado el «Plan Corresponsables», para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias con hijos menores de 16 años, y que contempla la creación de bolsas de cuidado profesional. La medida, ha dicho, está pensada para «profesionalizar el trabajo que tradicionalmente han hecho las mujeres de forma informal», reconocer de forma oficial y explícita su experiencia y «visibilizar su papel en la lucha frente al reto demográfico». El Instituto de Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, desarrollará la plataforma online para centralizarlo.
Finalmente, como «objetivo estratégico» de PERTE, el Gobierno apunta a posicionar a la economía social española «como referente en Europa», a través de un «hub de vanguardia». «Su misión puede ser la de plantear directrices, identificar fórmulas para una economía más inclusiva, crear métodos de evaluación de impacto social…», ha enumerado. Todos estos proyectos se ejecutarán progresivamente hasta 2026.
La vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido que el Gobierno «piensa en grande» y habla de economía social, porque es más «democrática, inclusiva, cooperativa y feminista», está «próxima a lo local» y es «ambientalmente justa». El sector supone el 10 % del PIB español y emplea a más de dos millones de personas a través de 43.000 empresas, según sus datos.