El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la Orden ministerial por la que se dictan las normas de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024, dando así el pistoletazo de salida a las cuentas públicas del próximo año.
Precisamente, la vicepresidente cuarta del Gobierno y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado que espera tenerlos aprobados a lo largo del primer trimestre del año con el apoyo de los socios del PSOE en el Congreso, pues su respaldo a las cuentas públicas «formó parte de las conversaciones» de los pactos de investidura.
Así, la ministra ha subrayado que hablarán con cada uno de los grupos parlamentarios y espera que la tramitación de los PGE «vaya lo más rápidamente posible» para que en el primer trimestre del año se tengan ya las cuentas aprobadas.
La Orden, que fue aprobada por el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno de coalición, fija los objetivos que perseguirán los PGE del próximo año, entre ellos impulsar la «autonomía estratégica» de la economía española y la firma de un «gran pacto de rentas por la estabilidad de precios» que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.
En la Orden se establece además que los distintos centros gestores y Ministerios tendrán que remitir a Hacienda antes del 11 de diciembre sus propuestas presupuestarias para 2024, así como las normas con contenido presupuestario que consideren que deberían incluirse en el anteproyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año, incoporando además una memoria sobre los efectos que dichas normas tendrían en materia de ingresos y gastos.
El Gobierno señala en el preámbulo de la Orden que, de cara al ciclo presupuestario de 2024, es «previsible» que continúe la inestabilidad geopolítica agravada por el conflicto en Oriente Próximo y recuerda que las cuentas del próximo año contemplan dos grandes novedades: la reactivación de las reglas fiscales y la incorporación de los recursos procedentes de la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
La aprobación de dicha Adenda por parte de Bruselas «permitirá movilizar la totalidad de los recursos asignados a España de los fondos Next Generation, con un calendario de desembolsos previsto de hasta 25.600 millones de euros en 2024«, apunta el Ejecutivo.
Respecto a la reactivación de las reglas fiscales, el Gobierno asegura que los PGE de 2024 «buscarán reforzar la sostenibilidad de la deuda pública como garantía para las siguientes generaciones y como aval de confianza a la fortaleza financiera y productiva de España, haciéndolo compatible con el crecimiento y el bienestar del país».
En este contexto, el Gobierno asegura que los PGE para 2024 tendrán como objetivo seguir promoviendo la modernización, la competitividad y la autonomía estratégica de la economía española «impulsando un crecimiento que sea sostenible, justo e inclusivo» y dando continuidad a una política económica «responsable y coherente», generadora de «empleo de calidad y con derechos» y que haga de la vivienda «un derecho».
Criterios a la hora de asignar recursos
El Gobierno señala en esta Orden que en la elaboración de los PGE de 2024 se priorizarán una serie de criterios a la hora de asignar los recursos.
Entre ellos figuran la culminación del proceso de modernización del tejido productivo asociado al despliegue de los fondos europeos, terminando de desplegar los proyectos estratégicos (Perte); situar la innovación y la ciencia como ejes centrales del modelo, y seguir impulsando una transición ecológica «justa» que desarrolle medidas para descarbonizar la economía, promoviendo la reindustrialización de España, las energías renovables, así como la rehabilitación de viviendas para mejorar la eficiencia energética.
También se buscará con los PGE de 2024 el refuerzo de la política de empleo y los derechos de los trabajadores «articulando una red básica para todas aquellas que prestan actividades profesionales» e «impulsando la firma de un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios».
Se promoverán también políticas activas de empleo para los jóvenes, un plan de choque frente al paro de larga duración, la mejora y «simplificación» del nivel asistencial por desempleo y mejoras en la protección social y prestación de los autónomos.
Otros criterios de los PGE fijados por el Gobierno pasan por fomentar un sector primario «moderno y sostenible; actualizar la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico y el Plan de Acción a nivel nacional para una mayor vertebración del territorio; combatir el impacto que el encarecimiento de los alimentos y la subida de los tipos de interés están teniendo sobre la renta disponible de los ciudadanos, y garantizar el derecho a la vivienda aumentando el parque público de vivienda para alquiler asequible a través de una política de inversión pública a medio y largo plazo.
Asimismo, los PGE apostarán por la movilidad «sostenible» y el transporte público, impulsando el transporte ferroviario «y consolidándolo como una alternativa más eficiente y menos contaminante»; reforzarán el compromiso contra la violencia machista y por la educación pública; impulsarán una política fiscal «justa» y avanzarán en la protección de la infancia y en la mejora del bienestar de los jóvenes.
