Podemos ha puesto el acelerador del castigo fiscal a Madrid. Quiere un escarmiento a Isabel Díaz Ayuso por su política de rebaja de impuestos.
Quiere usar su influencia decisiva en el Gobierno de Pedro Sánchez para regular un Impuesto de Patrimonio de nada menos que diez veces el que se anuló en la Comunidad de Madrid gracias a la bonificación actual.
Todo un escarmiento. Y todo un tormento fiscal. Ese es el planteamiento de Podemos de cara a la Comunidad de Madrid y al resto de comunidades que bajan impuestos. Pero el caso de Madrid es paradigmático. La Comunidad que Gobierna Isabel Díaz Ayuso mantiene bonificado el Impuesto de Patrimonio.
Podemos pretende, no sólo que se lo obligue a bajar la cabeza e imponerle la recuperación del tributo, sino que, además, exige que el nuevo impuesto sea diez veces superior al que operaba antes de la bonificación: el tipo mínimo aplicable sin bonificación está fijado en la norma nacional en este momento en el 0,2% y Podemos lo quiere en el 2%.
La explicación de Podemos en el documento que ha registrado ya como proposición no de ley en el Congreso señala que la sociedad se encuentra “en un momento decisivo para abordar la reforma fiscal.
La legislatura actual, que dio comienzo en enero de 2020, se encuentra en su ecuador y estamos ante la oportunidad de dar un giro de 180 grados a nuestro sistema impositivo y acompañar el impulso de los fondos europeos con una fiscalidad capaz de repartir justa y eficientemente los recursos”.
Según Podemos, “la economía española crecerá rápidamente durante 2022 y 2023, y creará empleo a un ritmo acelerado” y, siguiendo su razonamiento, por eso “es ahora el momento –una vez que se ha afianzado esta recuperación económica– de abordar la siempre postergada reforma tributaria que nuestro país necesita”.
Con esos argumentos, Podemos afirma que “para garantizar esta progresividad recogida en la Constitución es imprescindible terminar con los privilegios fiscales que se acumulan en manos de quienes tienen rentas más altas y elevados patrimonios”. Y se refiere, de forma “concreta”, a “al acercamiento de la tributación de las rentas del trabajo y las rentas del capital, cuyo distinto tratamiento supone un importante elemento de regresividad”.
Podemos dice apoyarse en un “informe del Observatorio de FEDEA de 2019” para afirmar que “todos los impuestos de nuestro sistema tienen un carácter regresivo, a excepción del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio, si bien este último pierde carácter progresivo con motivo de las bonificaciones de las Comunidades Autónomas (que aumentan además las desigualdades territoriales)”.
Por todo ello, los morados consideran que «es fundamental desarrollar un impuesto que grave los grandes patrimonios. En muchas ocasiones, las grandes fortunas tienen capacidad de organizar los ingresos que reciben para que su renta declarada sea relativamente limitada –y pagar así poco en el IRPF– al tiempo que acumulan enormes patrimonios”.
Y exigen a su propio Gobierno la adopción inmediata de “un gravamen justo y suficiente sobre la riqueza permite corregir esta elusión fiscal que llevan a cabo las grandes fortunas del país, y garantizar que también los grandes patrimonios españoles cumplen con el compromiso constitucional de garantizar una fiscalidad que permita afrontar los retos que tiene nuestro Estado de Bienestar”.
La petición es clara en base a todo ello: “Sustituir el Impuesto sobre el Patrimonio por un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas con las siguientes características: 1) este gravamen contará con un mínimo exento de un millón de euros, 2) no será bonificable por parte de las Comunidades Autónomas, y 3) presentará los siguientes tramos: un 2% para los patrimonios netos a partir de un millón de euros, un 2,5% a partir de 10 millones, un 3% a partir de 50 millones y un 3,5% a partir de 100 millones.
El actual impuesto es modulable y bonificaba por las comunidades autónomas. Cuenta ya con un mínimo exento total de 1 millón -hasta 300.000 euros por la vivienda habitual y 700.000 euros por el resto del patrimonio-.
La norma general regula como bien exento la vivienda habitual del contribuyente, con un importe máximo de 300.000 euros. La exención, de hecho, se aplica “por quien tenga sobre la vivienda habitual el derecho de propiedad, pleno o compartido, o un derecho real de uso o disfrute sobre la misma (usufructo, uso o habitación)”.
Y esa misma norma señala que hay que presentar declaración del Impuesto sobre el Patrimonio si se da alguno de los siguientes supuestos: que la cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras de este impuesto, y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedan, resulte a ingresar.
Y “a efectos de la aplicación del primer límite téngase en cuenta que si la base imponible, determinada según las normas del impuesto, es igual o inferior al mínimo exento establecido, bien con carácter general en 700.000 euros, bien en el importe que en ejercicio de sus competencias normativas sobre el citado mínimo exento han aprobado las Comunidades Autónomas para sus residentes, no existirá obligación de declarar”, señala la Agencia Tributaria. Por lo tanto, el mínimo exento es el mismo en suma total.
Y, sin embargo, la tarifa actual de la norma nacional recoge 8 tramos con tipos que oscilan entre el 0,2% hasta el 3,5%. Es decir, que para el tramo más bajo, Podemos exige multiplicar directamente por diez el impuesto hasta dejarlo en el 2%. Es más, el impuesto recogía hasta el año 2021 un tipo máximo del 2,5%, que fue subido ya bajo mando del PSOE y Podemos hasta el actual 3,5%.
