Podemos propone fijar precios máximos para productos básicos

Podemos ha propuesto este lunes intervenir el mercado de los alimentos para abaratar la cesta básica de la compra y topar, al menos durante 2023, el precio de esos productos a los niveles que presentaban el 20 de febrero de 2022, cuando comenzó la guerra en Ucrania.

Así lo han avanzado fuentes de la formación morada y después ha confirmado el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique en una entrevista en La Hora de la 1.

«Es hacer lo mismo que se hizo con las mascarillas en la pandemia. Es fijar un precio máximo a unos alimentos para que los precios máximos sean los del 20 de febrero de 2022», ha explicado Echenique.

USO alimentos y ropa

El planteamiento de Podemos llega después de que el Índice de Precios de Consumo (IPC) haya subido dos décimas a finales de 2022 en relación al mes anterior pero con recorte de 1,1 puntos su tasa interanual, hasta el 5,7%, su cifra más baja desde noviembre de 2021, en contraposición con la tendencia de los precios de la alimentación, que se dispararon al 15,7%.

La formación morada considera imprescindible que el Gobierno adopte «medidas valientes» para poner remedio a la actual escalada de los precios.

Ayudas al pequeño comercio

comercio minorista

Asimismo, Echenique ha explicado que para evitar que el pequeño comercio sufra situaciones de «tensión financiera», la medida se acompañaría de un «paquete de ayudas directas» al sector, como las aprobadas, por ejemplo, para la hostelería durante la pandemia.

La formación morada considera que esta vía sería la «más efectiva y justa» para garantizar alimentos a precios accesibles para las familias.

En un comunicado a los medios, Podemos señala que en el caso de que el PSOE, su socio en el Gobierno de coalición, no apoyara esta propuesta, y para facilitar que se alcance un acuerdo lo antes posible, la formación morada también se abre a estudiar una bonificación del precio de los productos de la cesta básica (como se ha hecho con los carburantes) hasta igualarlos con los del 20 de febrero de 2022.

Dado que esta segunda vía implicaría destinar recursos públicos, debería completarse con otras dos iniciativas: en primer lugar, un gravamen extra a las grandes cadenas de distribución, al estilo del impuesto a la banca y a las grandes energéticas.

Los morados ya demandaron este tributo en las semanas previas a la extensión del decreto anticrisis y abogaban por un tipo del 33% sobre los márgenes de beneficios de estas compañías, resaltando que esta iniciativa ya se había desplegado en Portugal con buenos resultados.

Sanciones a las empresas que se aprovechen

A su vez, la segunda medida complementaria radicaría en establecer sanciones económicas a las empresas que aprovecharan dicha bonificación para seguir elevando sus beneficios.

Por tanto, Podemos demanda otra nueva iniciativa para combatir la inflación ante el alza de los precios de la alimentación, como ya hicieron por ejemplo cuando reclamaron un cheque ayuda para la cesta de la compra de entre 200 y 500 euros para hogares con ingresos no superiores a 42.000 euros anuales.

No obstante y tras la negociación dentro del Ejecutivo, esta ayuda se fijó en 200 euros dirigido a asalariados, autónomos o desempleados en 2022, que tengan un máximo de ingresos –27.000 euros anuales–, y de patrimonio conjunto –de 75.000 euros– en función de la convivencia en el domicilio.

Dentro del decreto de medidas anticrisis y en el plano de la alimentación el Gobierno suprimió durante seis meses el IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad, entre ellos el pan o la leche, y rebajaba del 10% al 5% el del aceite y la pasta para hacer frente al impacto de la guerra de Ucrania y el alza de la inflación.

No obstante y a tenor de esta nueva propuesta, los morados no lo ven suficiente y de hecho el espacio confederal ya opinó que no era una medida que pueda ayudar, como manifestó recientemente la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Ya con el comienzo del curso político Díaz también esbozó su postura de buscar un acuerdo con la distribución para limitar los precios de productos básicos de alimentación, que garantizase costes asequibles para los ciudadanos.

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