El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea han definido el reglamento para otorgar las ayudas del fondo de recuperación y entre las normas, establecen que no se dará el dinero a los los países que no apliquen las reformas específicas enviadas por Bruselas.

En el caso de España, que podría recibir hasta 140.000 millones de euros, las recomendaciones se centran en una reforma laboral y del sistema público de pensiones.

Además, el país deberá fomentar la transición energética y transición digital, fortalecer la inversión en I+D y en el cambio climático. El Gobierno también deberá mejorar la gestión de las finanzas públicas y acometer una serie de retos sociales como reducir el abandono escolar o el porcentaje de personas en riesgo de pobreza.

Los cambios estructurales en el mercado laboral y el sistema de pensiones presentan un problema: Unidas Podemos, ya ha manifestado que no dará su consentimiento.

El partido de Pablo Iglesias ha anunciado su negativa a alargar la edad real de jubilación y ampliar el periodo de cómputo para calcular la pensión pública, medidas impulsadas por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá y que podrían generar un ahorro de unos 16.000 millones al Estado.

La reforma que otorga más flexibilidad al mercado laboral es otro punto en el que Unidas Podemos parece no dispuesto a ceder, debido a que precisamente quiere derogar la norma del año 2012.

Sin reformas, no hay dinero

Bruselas ha dejado muy claro que hasta que no se vayan alcanzando los hitos pactados de esas y otras reformas, no se desembolsará el dinero.

«El desembolso de fondos está supeditado al satisfactorio cumplimiento de los hitos y los objetivos por parte de los Estados miembro, tal y como se haya establecido en los planes de recuperación y resiliencia aprobados por el Consejo», señala el reglamento.

El Parlamento Europeo votará el texto probablemente en la sesión de febrero y tendrá que ser también aprobado formalmente en el Consejo, pero de facto ya está aprobado al haber sido pactado por el «trílogo» (el Parlamento, el Consejo y la Comisión) con el acuerdo -muy mayoritario- de conservadores, socialdemócratas, liberales y verdes.

Si hay incumplimiento se suspende la entrega de fondos

Antes de tomar la decisión de autorizar la liberación del dinero, la Comisión deberá consultar con el Comité Económico y Financiero para que dé su opinión en cuatro semanas sobre si ha habido un cumplimiento satisfactorio. Este Comité es un órgano consultivo de la Unión integrado por altos funcionarios de las administraciones nacionales y los bancos centrales, el Banco Central Europeo y la propia Comisión.

«Si de forma excepcional uno o más estados miembros consideran que hay serias desviaciones de un satisfactorio cumplimiento de los hitos y objetivos, podrá pedir al presidente del Consejo Europeo que lo aborde en la próxima reunión (…) En esas excepcionales circunstancias, se decidirá no hacer ningún desembolso hasta que el próximo Consejo Europeo discuta exhaustivamente sobre el asunto», explica el reglamento.

En un plazo máximo de tres meses tendrán que tomar una decisión definitiva respecto al país en cuestión.

Si deciden que ese país no ha tomado las medidas necesarias para cumplir ese hito y, en consecuencia, no autorizan el desembolso del dinero, la Comisión puede proponer al Consejo «suspender todo o parte de los compromisos o pagos».

También podrán suspender los pagos definitivamente si consideran que el país no está tomando las medidas recomendadas por Bruselas en dos ocasiones consecutivas o si no cumple con el programa de ajustes macroeconómicos o con las medidas que le pide el Consejo.

Para Bruselas, los hitos y objetivos se materializarán en «medidas de progreso hacia el logro de una reforma o una inversión», siendo los hitos avances cualitativos y los objetivos, metas cuantificables.

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