El Ministerio de Economía afirma que la iniciativa ha repartido 9,2 millones de euros para reducir la movilidad de los automóviles más contaminantes.
El plan de Impulso a la Movilidad con Vehículos de Energías Alternativas (Plan Movea) va sobre ruedas. El Ministerio de Economía indica que, en 2017, se ha repartido 9.258.646 euros en ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas, de los que 202.196 se han utilizado para la instalación de puntos de recarga.
La mayoría de los vehículos adquiridos a través del programa han sido los impulsados a través de energía eléctrica (67 por ciento), los que funcionan con Gases licuados del Petróleo (GLP) han representado un 21 por ciento, y los de Gas Natural un 12 por ciento. El 96 por ciento de las reservas corresponden a vehículos nuevos y el resto a vehículos usados con menos de nueve meses de antigüedad. La vida media de los automóviles a achatarrar es de 16,5 años.
Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid ha sido la que más solicitudes validadas ha obtenido con 1.093, le sigue Cataluña con 590 y la Comunidad Valenciana con 171. Tras ellas, Andalucía (97), Castilla y León (72), País Vasco y Canarias (68) y Galicia (66). Por la naturaleza jurídica de los beneficiarios, han sido mayoritarias las peticiones de particulares (1.349), seguidas de empresas con 895.
En total, el programa ha recibido 4.352 solicitudes, de las que 4.166 se dirigían a vehículos y 186 a puntos de recarga. De las 4.166 solicitudes de ayuda para vehículos, 2.444 han sido validadas y 870 rechazadas por incumplir las bases del programa bien por condiciones o por plazo.
Los concesionarios por su parte han anulado otras 331 solicitudes. También se procedió a la anulación de 521 solicitudes en lista de espera que no llegaron a activarse bien por falta de fondos, o bien por solicitud del punto de venta. Para puntos de recarga se han validado 26 solicitudes.
En cifras globales, tanto para coches como para puntos de recarga, las reservas admitidas del plan fueron 3.441 por un importe de 13.385.330 euros. Se han validado 2.470 expedientes (72,4 por ciento de los evaluados) y se rechazaron 941, cuyo importe ascendía a 4.128.684 euros, por incumplir las bases del programa. De ahí que no se hayan cubierto los 14,2 millones con los que salía la convocatoria.
