El Consejo de Ministros aprobó este martes una nueva convocatoria del bono Alquiler Joven, con una inversión de 200 millones de euros. Esta medida, acordada con las comunidades autónomas que gestionan la ayuda, ha generado divisiones dentro del Gobierno entre el PSOE y Sumar. Paralelamente, el Ejecutivo presentó un reglamento sobre el alquiler turístico, de temporada y por habitaciones, que creará un registro único para evitar fraudes.

Según la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, los inmuebles que no estén registrados no podrán ser comercializados en plataformas. Estas dos medidas, según explicó Rodríguez, buscan ampliar a largo plazo el parque público de vivienda, con el objetivo de que ningún ciudadano tenga que destinar más del 30% de su salario a la vivienda. También destacó que habrá más acciones a lo largo del año.

El nuevo reglamento incluye un registro único para los alquileres de corta duración, que se implementará antes de finales de 2024. Este registro pretende erradicar los apartamentos turísticos ilegales y evitar que se utilicen contratos temporales para esquivar la legislación sobre vivienda habitual.

Sumar expresó su desacuerdo con el bono Alquiler Joven, argumentando que la medida podría agravar el problema de la vivienda al beneficiar a los arrendadores y proponen otras soluciones, como la regulación de los precios del alquiler.

Por otro lado, el Consejo de la Juventud de España criticó la efectividad del bono, señalando que solo el 0,7% de los jóvenes entre 18 y 35 años se han beneficiado de él. El Gobierno, por su parte, destacó que la cifra podría duplicarse si las comunidades autónomas cofinanciaran la medida.