La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno quiere convocar al inicio del 2021 al comité de expertos que debe analizar la reforma fiscal integral y que contará con el plazo de un año para aprobar sus conclusiones, que deberán dar prioridad al Impuesto sobre Sociedades.
Montero, en una entrevista con Europa Press, afirmó que el comité de expertos se configurará como un proceso «participativo» y estará abierto no sólo a las universidades y a las empresas que se dedican al ámbito financiero, sino también a los técnicos tributarios de comunidades y entidades locales y a cualquiera que quiera plantear cualquier idea o documento.
«No se trata tanto de retocar arriba o abajo un tipo, sino de ver si esta fiscalidad está más pensada para lo analógico y no tanto para la nueva realidad digital», subrayó la ministra, quien indicó que la pregunta para el futuro debe ser si se contribuye a partir de las sedes fiscales de las empresas o donde se produce el consumo.
Precisamente Montero apuntó que el rendimiento de algunos impuestos, como es el caso del Impuesto sobre Sociedades, debe ser «prioritario» en el análisis que haga el comité de expertos, que a lo largo del año 2021 debería arrojar «al menos» las primeras conclusiones de las figuras fiscales más prioritarias para que se puedan incorporar ya en los Presupuestos de 2022.
En opinión de Montero, para tener un buen Estado del bienestar, como ha puesto de manifiesto la pandemia, es necesario acercar la fiscalidad española a la media de la UE –el Gobierno sostiene que hay una diferencia de siete puntos–, si bien admitió que sería «pretencioso» pensar que la reforma fiscal que apruebe España acabará con esta brecha en un corto periodo de tiempo.
«Sería pretencioso pensar que en un marco limitado de tiempo se pueda conseguir el máximo. Si algunas de las cuestiones están suficientemente maduras se incorporarán en los Presupuestos (de 2022)», indicó Montero, que citó, en concreto, la revisión de los beneficios fiscales o el análisis de la utilidad de algunas deducciones fiscales.
SOBRAN ALGUNAS DEDUCCIONES Y FALTAN OTRAS
En este sentido y preguntada por si sobran deducciones en el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades, la titular de Hacienda admitió que algunas tuvieron su efecto en un primer momento y posteriormente se «amortizaron», y en otros casos hay que analizar si tienen sentido en un periodo más corto de tiempo o si hay que extenderlas más años pero «con matices».
Otras, añadió, están directamente «obsoletas» y no cumplen con su utilidad, mientras que, por el contrario, hay deducciones que «faltan» para, por ejemplo, construir un planeta más verde o favorecer la digitalización. «Hay que estudiarlo, es un trabajo bonito», dijo.
En materia de IVA la ministra no quiso detallar si los tipos reducidos del impuesto se deben aplicar a menos productos y aunque admitió que España hace un mayor uso de estos beneficios fiscales que otros países de Europa, afirmó que hay que analizar este impuesto con «calma».
«Hace muchos años que la fiscalidad se está rigiendo por unos parámetros que se están demostrando ineficaces en el rendimiento de algunos figuras; ante eso no hay que cerrar los ojos, hay que ver si se trata de la propia arquitectura de la figura o que ya no responde a las formas de expresión económica que está adquiriendo la sociedad básicamente de la mano de las tecnologías», se limitó a decir al respecto.
CUESTIONAMIENTO DEL SISTEMA DE MÓDULOS
En cuanto al sistema de módulos por el que tributan algunos autónomos y cuya eliminación se pide en algunos ámbitos, Montero afirmó que sería «bueno y conveniente» que se fuera avanzando hacia una tributación por los beneficios reales que se obtengan, ya que cuando se tributa por módulos es «muy difícil afinar».
Además, dijo que ahora hay una gran oportunidad, ya que la digitalización de las pymes permite avanzar hacia la tributación en función de los resultados reales. «Hay que trabajar en esa dirección», señaló.
También se mostró partidaria de avanzar en la fiscalidad verde y aseguró que es un área en la que se ha empezado a trabajar y hay «todo un recorrido» para hacerlo, y defendió, asimismo, el uso de la fiscalidad para ayudar a combatir ciertas enfermedades.
SUBIDA DEL IMPUESTO AL TABACO
Así, indicó que en el caso de los impuestos al alcohol y al tabaco, estarán «a expensas de los ritmos que marquen las autoridades sanitarias», pero en el caso concreto del tabaco, afirmó que tiene unos precios diferenciales en el conjunto de Europa «muy importantes» y hay que ir «corrigiéndolos en el futuro para que cada vez menos personas fumen».
La armonización fiscal del Impuesto de Sucesiones y Donaciones es otra de las cuestiones que se analizarán en la reforma fiscal. Montero dijo al respecto que «no es casual» que las figuras tributarias que están más vinculadas con la riqueza sean las más cuestionadas en los últimos años, algo que atribuyó a «campañas interesadas» que usan «falsedades» y «cuestiones simplistas», como que se paga dos veces por el mismo hecho imponible, algo que no permite el actual ordenamiento jurídico.
Por todo ello, abogó por hacer una reflexión sobre cuáles son las figuras tributarias más adecuadas para gravar la riqueza y por armonizar Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de Patrimonio en toda España.
«No tiene sentido que en un territorio como España haya diferencias de fiscalidad tan obvias (…). Este equilibrio que siempre ha existido se rompió cuando alguna comunidad autónoma hizo prácticamente nula la figura tributaria, se quedó de forma tan testimonial que ha provocado que comunidades, teniendo menos capacidad recaudatoria, se vean obligadas a subir mucho la presión fiscal para tener la misma recaudación», indicó.
Junto con la reforma fiscal, la lucha contra el fraude es otra de las prioridades del Ministerio de Hacienda de cara a 2021. En este sentido, Montero se refirió a la sentencia del Tribunal Supremo que anuló una inspección tributaria por no avisar al contribuyente de la entrada en su domicilio, y afirmó que la Inspección debe poderse presentar «por sorpresa», pero siempre respetando los derechos de los ciudadanos.
«Si en algún momento se ha hecho de forma incorrecta, estamos totalmente abiertos a revisar los parámetros (…) y es en lo que está trabajando la Agencia Tributaria, pero es obvio que uno no puede avisar con antelación (de la entrada en un domicilio)», subrayó.
ESTUDIO SOBRE ECONOMÍA SUMERGIDA
También en materia de lucha contra al fraude la ministra, en una entrevista con Europa Press, anunció que su departamento elaborará un estudio para realizar una «mayor aproximación» a la economía sumergida en España y es una de las reformas que quiere plantear el Gobierno en Europa.
Así, indicó que la economía sumergida en España tiene una «distribución asimétrica» en el conjunto del territorio y «golpea especialmente» a determinadas provincias o comarcas.
En este sentido, Montero adelantó que Hacienda y la Seguridad Social van a establecer un «plan conjunto» de lucha contra la economía sumergida, en el que van a trabajar equipos multidisciplinares, con inspectores laborales y de Hacienda.
«España tiene ahí una ganancia neta de recursos que no puedo cuantificar en cuánto puede consistir», subrayó Montero, quien añadió que sea cual sea el porcentaje de economía sumergida en España (algunos estudios la sitúan en el 25% del PIB), es una «prioridad» del Gobierno acabar con ella.
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