Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias son las comunidades autónomas con un mayor grado de privatización de sus servicios sanitarios, según el octavo informe La privatización sanitaria en las CCAA, realizado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).
«Una de nuestras principales preocupaciones es la gran variabilidad que existe entre los servicios sanitarios de las comunidades autónomas. La privatización es preocupante, aunque no se produce igual en todas las comunidades autónomas», ha comentado el portavoz de FADSP, Marciano Sánchez-Bayle, durante la presentación del trabajo.
En este sentido, en el informe se señala que las comunidades con un grado intermedio de privatización son Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, Murcia, País Vasco, Asturias, Navarra y La Rioja; mientras que las que tienen un grado bajo de privatización más bajo son Extremadura, Castilla-La Mancha y Cantabria.
20 puntos sobre 37 posibles
Para realizar el informe, sus autores han analizado las siguientes variables: población cubierta por mutualidades de funcionarios; gasto en seguros privados y de bolsillo per capita; en contratación con centros privados; camas hospitalarias y equipamientos de alta tecnología en hospitales privados; número de consultas anuales a especialistas del sector sanitario privado y de médico general privado y la presencia de modelos de colaboración público-privada.
El resultado es un promedio de privatización de 20,52 puntos -la edición anterior eran 18,4- sobre un máximo de 37 posibles. Por encima, y con un alto grado de privatización, se encuentran Madrid (31), Cataluña (29), Baleares y Canarias, ambas con 25; en un grado intermedio están Galicia (23); Andalucía (22); Valencia (21); Aragón (20); Castilla y León (20); Murcia y País Vasco (20); Asturias, Navarra 19 y La Rioja (las tres con 19); y en el tramo más bajo Extremadura (13); Castilla-La Mancha (12) y Cantabria (11).
Sin embargo, «los movimientos más llamativos» se han dado en Aragón, que ha aumentado siete puestos en su grado de privatización; Murcia (seis), Castilla y León (cuatro) y Comunidad Valenciana y Andalucía (tres, en el caso de la andaluza tras haberse incrementado siete en el informe precedente); Extremadura dos y Galicia uno. En el otro lado, Navarra ha bajado seis puestos; País Vasco, cinco; Castilla-La Mancha, tres; La Rioja, dos; mientras que Asturias y Cantabria, uno.
Sin contar fondos COVID
Con todo, la FADSP quiere avisar de que los datos solo recogen el primer año de la pandemia y por tanto no incluyen los relativos a la utilización de los fondos COVID, sin olvidar el hecho de que en este tiempo «la situación ha empeorado notablemente en algunas de las CCAA como Madrid». En esta comunidad, por ejemplo, la cifra del gasto en seguros privados es más del doble que la media nacional (325 frente a 157 euros). Le sigue, pero de lejos, Baleares (279) y Cataluña (260), mientras que en Navarra fue de 89, en Cantabria de 94 y en Murcia de 95.
Los gastos sanitarios de bolsillo -consultas a especialistas de la sanidad privada, visitas al dentista, compra de medicamentos no financiados o la parte de copago de una receta- ascendieron a 408 euros de media, aunque en Navarra alcanzaron los 662, en Madrid los 464 y en Galicia los 457. En Baleares, sin embargo, fueron 295 euros y en Canarias 318.
Mientras, el porcentaje de camas privadas fue de 5,87%, aunque en Cataluña se dispararon al 39,2 %, muy por encima de la siguiente comunidad, que fue Madrid, con el 13,6%. Por el contrario, en La Rioja, Extremadura y Cantabria no llegaron ni al 1%.
«La privatización ha aumentado en todas las comunidades autónomas y, además, el resultado y los movimientos en la clasificación sólo recogen la mayor o menor intensidad que ha alcanzado cada comunidad autónoma. Como suele ser habitual en los estudios sobre los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas, se objetiva una gran desigualdad entre las mismas, situándose la ratio entre la puntuación máxima y mínima en el 2,81, la mayor encontrada en todos los informes», ha enfatizado Sánchez-Bayle.
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