El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido a las comunidades autónomas «colaboración y apoyo» para la aplicación de las 18 medidas comprometidas por el Gobierno en el encuentro del pasado jueves con las organizaciones agrarias para aliviar la situación del sector y «para que arbitren también iniciativas complementarias», según ha detallado un comunicado tras la reunión por videoconferencia del Consejo Consultivo de Política Agraria Común para Asuntos Comunitarios, con las autonomías, preparatorio del Consejo de Ministros comunitarios del ramo que tendrá lugar el próximo 26 de febrero.
Planas ha defendido el trabajo conjunto del Gobierno y las comunidades autónomas «sea cual sea el color político» para dar «respuestas rápidas y estructurales a la situación de la crisis actual» en el sector primario.
Pide a las comunidades autónomas que «se impliquen»
En este sentido, y según ha detallado el ministerio en un comunicado, su titular ha recordado en el Consultivo que el artículo 148 de la Constitución Española establece que las comunidades autónomas «podrán asumir competencias en la agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía».
El ministro ha apelado a la responsabilidad de las autonomías para que, «en el ámbito de sus propias competencias, se impliquen en la adopción de medidas» para responder a las preocupaciones de sector, «en coordinación con el Gobierno y de acuerdo a las decisiones sobre flexibilización de la Política Agraria Común (PAC) que adopte la Unión Europea (UE)».
Desde el Departamento han recordado que la reunión del 26 de febrero tiene como «punto clave» del orden del día la necesidad de tomar medidas para responder a la situación de crisis del sector agrario; las propuestas españolas han sido remitidas por Planas en sendas cartas a la Presidencia de turno del Consejo de la UE y al comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski.
En la reunión de este lunes, el ministro se ha referido, entre otros aspectos, en los que las comunidades autónomas «tienen mucho que decir y que hacer», a la mejora de la planificación y coordinación de las inspecciones, para que una misma explotación agraria no reciba más de una en un año.
Ha planteado coordinar las convocatorias de ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores y ganaderos, que se realizan a través de las comunidades autónomas, para que se «efectúen todos los años en un plazo predeterminado» y dar así «mayor certidumbre».
Para Planas, en el desarrollo de las 18 medidas planteadas a las organizaciones agrarias «también tienen una responsabilidad importante las autonomías», a las que ha solicitado también apoyo para el asesoramiento sobre el cuaderno digital, la contratación de seguros agrarios o las inspecciones en el marco de la ley de la cadena alimentaria.
Ayudas a los jóvenes, apoyo a la digitalización y seguros agrarios
Entre los ejemplos que ha ofrecido en su comparecencia previa a la reunión con los consejeros, el titular de Agricultura ha instado a las comunidades a convocar todos los años y de forma calendarizada determinadas ayudas europeas dirigidas a los jóvenes que se incorporan a la actividad agraria con el fin de darles «certidumbre y seguridad», igual que sucede con las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).
Y en cuanto a la reclamaciones de «simplificación» que se escuchan en las protestas, Planas ha señalado que las comunidades pueden apoyar a agricultores y ganaderos con «información y asesoramiento» para la implantación del cuaderno digital del campo, que permite la realización de trámites y controles de forma telemática, y que el Gobierno ha decidido que sea, de momento, voluntario, para que las explotaciones tengan tiempo de adaptarse.
Finalmente, en el encuentro de este lunes, el ministro informó también de que pediría a las comunidades que refuercen los seguros agrarios con fondos autonómicos, especialmente a aquellas que menos apuestan por esta herramienta. Actualmente, ha dicho, la Administración General del Estado asume «entre el 30 y el 40 % del conjunto de la prima», y sería conveniente que fuera «complementada hasta el tope que permite la Unión Europea».
Las comunidades presionan por las cláusulas espejo
Al otro lado, entre las comunidades autónomas, la Xunta de Galicia ha exigido a Planas que lidere en Bruselas la petición de una «moratoria urgente» de toda la normativa europea que pone trabas burocráticas a los productores y que «está asfixiando a los agricultores y ganaderos». En este sentido, el conselleiro do Medio Rural en funciones, José González, se ha referido a la necesidad de establecer cláusulas espejo en los tratados comerciales internacionales y al principio de reciprocidad, para no perjudicar el sector europeo frente a terceros países.
La cuestión de las cláusulas espejo ha sido defendida también desde Asturias. El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha reclamado al Gobierno también medidas adicionales para mejorar la productividad del sector agrario asturiano y ha defendido que en Principado ya se están llevando a cabo las labores de asesoramiento, información e inspección que son de su competencia. Para evitar la venta por debajo del coste de producción, Marcos ha sugerido al Ministerio el uso de herramientas informáticas acreditadas para el cálculo de los costes, lo que permitiría dar seguridad jurídica a los productores en la firma de los contratos y evitar vender bajo precio.
Las medidas anunciadas hasta ahora, insuficientes para frenar las protestas
Mientras, los agricultores han seguido con las movilizaciones este lunes en Andalucía, La Rioja, Aragón y Baleares y la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha detallado cómo será la protesta convocada este miércoles ante la sede del Ministerio de Agricultura en Madrid a la que prevé que asistan 500 tractores.
En su reunión la semana pasada con ASAJA, COAG y UPA, Planas anunció que el Gobierno prepara un paquete 18 medidas para reforzar la cadena alimentaria, reducir la burocracia y controlar las importaciones, una respuesta que no fue suficiente para que las tres principales asociaciones agrarias desconvocaran la movilización.
En concreto, el ministro comunicó al sector agrícola que el Gobierno pediría a la Unión Europea (UE) modificar la ley de cadena alimentaria europea para poder imponer más restricciones a las importaciones de alimentos de terceros países, una medida orientada a aumentar el control sobre los productos que llevan pesticidas prohibidos en el bloque comunitario y que se importan a la UE por su precio más bajo en la producción de origen. «Lo que está prohibido aquí no puede usarlo un producto importado», sostuvo.
Entre esas medidas, se incluyó también la creación de una agencia estatal de información y control alimentario para reforzar la inspección de las infracciones a lo largo de la cadena alimentaria, un trabajo que hasta ahora realizaba la AICA.