Las viviendas tienen un coste medio superior a los 550.000 euros y están situadas en las zonas más costosas de la capital española.
Los venezolanos se han convertido en uno de los principales dinamizadores del mercado inmobiliario madrileño y datos del Servicio de Estudios de Redpiso han registrado actualmente un promedio de 5,3 compraventas mensuales en la capital.
La inversión extranjera es uno de los factores que están permitiendo que el mercado de la vivienda en Madrid crezca a niveles precrisis y por encima de la media española, y los ciudadanos procedentes de Venezuela encabezan la adquisición extranjera de viviendas en la capital.
La demanda de vivienda como primera opción de residencia de venezolanos en Madrid se ha incrementado un 10 por ciento respecto al año anterior y ya se sitúa por encima de la inversión de rusos y chinos, hasta ahora las nacionalidades que más compraban.
En cuanto al gasto medio por vivienda ronda los 565.000 euros por pisos de 120 metros cuadrados, sin garaje, y se concentra en las zonas de Chamartín, Hortaleza, Salamanca y el Retiro. También, en las de Barajas y Fuencarral-El Pardo. La demanda se da principalmente en el mercado de vivienda de segunda mano «dado que la oferta de obra nueva es muy baja y más en estas zonas«.
Respecto al mercado del alquiler, los contratos que se firman son con una duración de tres años renovables en estos mismos distritos de Madrid y por la misma superficie. El gasto medio venezolano en alquiler ronda los 1.700 euros mensuales y la media de contratos crece un 35 por ciento y alcanza los 40 mensuales.
El perfil del inversor es el de personas con un poder adquisitivo medio-alto, con estudios y empleo, y el tiempo medio de estancia en España no supera los 3 años. A esta masiva recepción de inmigrantes venezolanos hay que sumar una oferta de alquiler de viviendas corta y muy costosa que está provocando el cambio de tendencia hacia la compra de vivienda.
En su informe, el grupo inmobiliario Redpiso hace referencia únicamente a la compraventa y alquiler de viviendas para uso residencial y excluye la participación de promotoras y fondos de inversión extranjeros en sus datos.