Los transportistas han iniciado una macrodemanda «multimillonaria» contra las petroleras Repsol, Cepsa y BP con el objetivo de reclamar una compensación por los daños y perjuicios sufridos por el supuesto pacto a través del cual inflaron durante los últimos 14 años el precio del combustible.
Un total de 3.500 empresas transportistas y autónomos presentaron en diciembre una primera demanda colectiva ante los juzgados de lo mercantil de Madrid (ciudad en la que tienen su sede Repsol y Cepsa) y Castellón (donde está la sede de BP) para reclamar un importe conjunto superior a los 100 millones de euros en concepto de daños y perjuicios que les ha supuesto la compra del combustible durante más de una década por un precio superior al que debería haberse pagado de no existir tales pactos.
Asimismo, en los próximos meses los transportistas esperan interponer una nueva demanda contra estas petroleras para que se unan aquellos afectados que aún no se hayan incorporado a dicha reclamación.
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Según denuncia la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER), estas compañías petrolíferas que operan en España habría actuado «de manera continuada», y «durante más de una década», «elevando artificialmente los precios finales de los carburantes que se venden en nuestro país, lo que se ha venido a llamar coloquialmente el ‘Cártel de las Petroleras'», señalan desde a Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España.
Según explican, «una prueba palpable de estas prácticas abusivas se sufrió durante los primeros meses de la pandemia en los que pese a la espectacular bajada del precio del petróleo a nivel internacional en más de un 60 % apenas tuvo traslado en los precios de los carburantes que apenas cayeron un 10 %, incrementando de forma escandalosa sus márgenes de comercialización, como ya hicieron en la crisis económica de 2008».
«Unas prácticas en contra de los intereses de los transportistas»
Esta reclamación “multimillonaria” por parte de los transportistas tiene su fundamento en las actuaciones de vigilancia llevadas a cabo por la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) durante los últimos años, que dio lugar a una primera resolución sancionadora en julio de 2009 contra las tres principales petroleras que operan en España (Repsol, Cepsa y BP), que posteriormente fue confirmada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
Según denuncia FENADISMER, durante los siguientes años, la CNMC a través de sucesivas Comisiones de Vigilancia constituidas al efecto «han venido confirmando que dichas prácticas restrictivas de la competencia se han seguido produciendo hasta la actualidad». «En sus resoluciones, la CNMC ha venido constatado que las citadas operadoras continúan incurriendo todos estos años en prácticas y pactos anticompetitivos», subraya la asociación.
Y es que, tal como apuntan, mediante estos pactos tanto Repsol, como Cepsa y BP «fijan un precio de venta del combustible en detrimento de las estaciones de servicios independientes y, por lo tanto, también en contra de los intereses de los transportistas y de los ciudadanos en general, al restringir la competencia entre las estaciones de su red y el resto de las estaciones de servicio no abanderadas».
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