La Asociación de Riders Profesionales Autónomos (APRA) y Repartidores Unidos explican que la figura del ‘autónomo digital’ permitiría adaptar la regulación a la realidad que viven.

En una carta remitida a las ministras de Trabajo, Economía e Industria, Yolanda Díaz, Nadia Calviño y Reyes Maroto, respectivamente, los ‘riders’ han propuesto además asimilar a los trabajadores digitales al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en su futura regulación de cotización por tramos, eliminando así la necesidad de tarifas planas reducidas.

«Todo ello, sin excluir que aquellos que realmente trabajan como asalariados sean regulados como laborales», señalan en la carta, en la que plantean además reconocer el derecho de asociación de los trabajadores digitales autónomos y su representación en la Mesa de Diálogo Social mediante mecanismos de elección democrática de sus representantes, en línea con las últimas propuestas presentadas a nivel de la Comisión Europea.

Asimismo, ambas asociaciones proponen a las plataformas garantizar el acceso a formación en el trabajo de cada nueva alta en las plataformas, desarrollar un plan de riesgos laborales que garantice la seguridad de todos los colaboradores y garantizar una remuneración mínima por hora de disposición al permitir la conexión.

«La actual propuesta del Gobierno no tiene en cuenta la realidad del trabajo en plataformas, y discrimina un sector por el solo hecho de utilizar una aplicación para la actividad profesional, sin importar si la relación existente entre los repartidores y las empresas que desarrollan las plataformas es realmente laboral o de autónomos».

«Existen distintas realidades en nuestro colectivo, y en ningún momento el actual Gobierno se ha preocupado por conocerlas y regular acorde», señalan ambas asociaciones en la carta remitida a los tres ministerios.

Dicha misiva se ha enviado un día después de que más de 2.000 ‘riders’ se manifestaran en once ciudades ante la aprobación «inminente y sin acuerdo» de la ley de plataformas digitales, conocida como ley ‘rider’.

«Ante la inminencia de ver regulado nuestro trabajo de forma unilateral y sin haber llegado a un mínimo consenso, y constatando que ninguno de los agentes sociales que deberían representarnos como colectivo lo hayan hecho dando voz a nuestras propuestas, nos hemos visto obligados a hacernos oír saliendo a la calle», explican en la carta.

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