El Ministerio de Justicia ha ofrecido 44,5 millones de euros para la subida salarial de jueces y fiscales para evitar los paros indefinidos que han convocado a partir del 16 de mayo y que, de materializarse, sería la tercera huelga de la Justicia en lo que va de año. Tras una reunión de más de cinco horas, el departamento de Pilar Llop ha puesto sobre la mesa esta oferta, que ha sido rechazada por las asociaciones profesionales.
El equipo de Llop ha entregado esta tarde el documento a las asociaciones tras un primer contacto, en el que jueces y fiscales se han mostrado «optimistas» de cara a un posible acuerdo. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación han indicado a EFE y Europa Press que opinan que la oferta «es una miseria», pues «supondrá un incremento del 6,01% en tres años», cuando la «pérdida de poder adquisitivo (de estos dos operadores jurídicos) es del 22%».
Pese a todo, a la salida del encuentro, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura ha señalado que están en un marco de negociación en el que empiezan ya a perfilarse posiciones. «Es tiempo de reflexión. Ahora mismo es tiempo de estudio y de valoración de lo que hay tanto por una parte, como por otra sobre la mesa», ha indicado en declaraciones a la prensa.
Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha asegurado a su salida que se mantiene «optimista», porque están en un espacio de negociación, y ha manifestado que confía en un eventual acuerdo. Además, han indicado que la reunión se ha «desarrollado con muchísima normalidad», en un ambiente «afable» y «tranquilo».
Ante la falta de acuerdo, el Gobierno ha vuelto a convocar una reunión para el próximo lunes, 8 de mayo, a las 11:30 horas, en el Ministerio de Justicia.
El acuerdo alcanzado en marzo con los letrados (LAJ) para subir sus sueldos hasta 450 euros mensuales ha marcado el camino y desencadenado nuevas reivindicaciones, como la de jueces y fiscales. Aunque esta no es la única. Desde el pasado 17 de abril, los funcionarios de la Administración de Justicia mantienen paros parciales diarios para negociar la retribución y la redefinición de funciones.
Mientras, otro frente amenaza con llegar de la mano de los abogados de oficio, que ya se han manifestado en las últimas semanas para reclamar una batería de mejoras laborales y que podrían optar a sumarse a las huelgas indefinidas.
La reunión de la Mesa de Retribuciones.
En este contexto y a pocos días del comienzo de la campaña electoral, el Ministerio de Justicia trata de negociar con los jueces y fiscales en la Mesa de Retribuciones para resolver al menos uno de los conflictos y evitar más colapso en los juzgados y tribunales, donde numerosas causas siguen a la espera de poder ser resueltas mientras las huelgas van sucediéndose.
Esta Mesa, según establece la ley, debe convocarse cada cinco años. De hecho, esta reunión debía haberse celebrado en diciembre de 2022, pero a última hora se desconvocó la reunión. Desde entonces, las asociaciones han reclamado al Gobierno una nueva convocatoria, hasta el punto de incluso interponer una demanda, para poder tratar sus reivindicaciones, con especial atención a las salariales.
Diversos sectores, como los magistrados, denuncian que llevan perdiendo poder adquisitivo desde 2019 y que fueron ellos quienes sufrieron una mayor bajada de salario en 2010. A ello se suman otras peticiones, como la de crear más plazas para poder reducir la saturación y carga de trabajo de los juzgados.
El Pleno del CGPJ acordó el jueves por unanimidad llevar una propuesta de «revisión y actualización» de los sueldos de los jueces a la mesa y anunció que planteará «un sistema retributivo objetivo, equitativo, transparente y estable».
Por su parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dijo el viernes que confía en que la reunión de la mesa de retribuciones ayude a solucionar los conflictos laborales de jueces y fiscales y opinó que «hay espacio para el acuerdo».
Varias asociaciones se mantienen al margen de la huelga por el momento
Junto a los sindicatos, las principales asociaciones de jueces y fiscales son quienes han llamado a hacer la huelga del 16 de mayo, como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente o la Asociación de Fiscales, entre otros. Sin embargo, otras del sector progresista como Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales no se han sumado a la convocatoria por el momento, aunque comparten el diagnóstico y las reclamaciones.
La portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ascensión Martín, ha confesado en Las Mañanas de RNE que les parece precipitada la convocatoria de huelga, aunque la respetan y asegura que «si este miércoles no se llega a un acuerdo o principio de acuerdo, nosotros no descartamos ninguna medida».
No obstante, los convocantes han querido recordar que sus reclamaciones llevan siendo puestas sobre la mesa durante años. «Detrás de la huelga, el Gobierno sabe lo que hay, llevamos meses trabajando con ellos y marcando las reivindicaciones», ha asegurado la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco.
«Hemos hecho la convocatoria de huelga, pero no queremos llegar a ese punto. Confiamos en que entre el 3-16 de mayo se revisen nuestras retribuciones«, ha explicado Del Barco, quien ha defendido que es posible «hacer subidas al margen de la subida del IPC», tal y como ha demostrado la huelga de los letrados.
Una paralización judicial sin precedentes
Entre tanto, los funcionarios de la Administración de Justicia continúan con sus movilizaciones, y el pasado 25 de abril anunciaron un endurecimiento con seis nuevas jornadas de paro completo para aumentar la presión hacia el Ministerio en su reclamación de aumento salarial y pidieron la dimisión de la ministra de Justicia.
Mientras, Llop ha pedido a jueces y fiscales que «miren por el buen servicio público de Justicia» y que sean «honestos a la hora de plantear sus posiciones».
Solo con los paros de los letrados, que se prolongaron dos meses, se suspendieron unos 400.000 juicios y vistas, dejando paradas unas 480.000 demandas, según datos de las asociaciones profesionales convocantes. Además, se mantuvieron parados en las cuentas de consignaciones hasta 1.500 millones de euros.
También, según el sindicato mayoritario CSIF, se han paralizado ya cuatro millones de expedientes y se han suspendido decenas de miles de juicios con la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia. Entre los muchos casos paralizados por estos paros también se encuentran algunos de gran cobertura mediática, como el juicio del caso Gürtel al expresident de la Generalitat valenciana Francisco Camps, aplazado el pasado 18 de abril.
Ante esto, el Consejo General del Poder Judicial ya ha pedido en los últimos meses que se adopte un «completo elenco de medidas» para paliar los efectos de la huelga y «garantizar» la vuelta a la normalidad en el funcionamiento regular de los órganos judiciales.
Este bloqueo judicial «crea una inseguridad jurídica para el ciudadano y sobre todo para los abogados y procuradores», señala la portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, que insiste en que es fundamental «que se convoque [la Mesa] y que se cumpla la ley». Por ello, espera que al final el resultado sea el «más factible posible» para los intereses de todas las partes.
Por 450 euros más mensuales los letrados aceptan poner fin a la huelga
