Miles de funcionarios de Justicia han recorrido este sábado el centro de Madrid para reclamar su equiparación salarial con trabajadores homónimos de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias, y han anunciado que seguirán movilizándose hasta que se cumpla el acuerdo que se cerró en septiembre.
Los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y STAJ han recorrido desde el Ministerio de Justicia hasta el de Hacienda, pasando por la Gran Vía y la Puerta del Sol, con pancartas y cánticos en los que reclamaban a las ministras de Justicia, Pilar Llop, y de Hacienda, María Jesús Montero, que cumplan el acuerdo que firmaron los sindicatos con Justicia el pasado 14 de septiembre.
Los organizadores han cifrado la asistencia en unas 3.000 personas y la Delegación del Gobierno en unas 2.000.
Subida salarial de entre 80 y 195 euros
El acuerdo, firmado tras meses de negociaciones, recogía, entre otras cuestiones, una subida salarial de entre 80 y 195 euros a los cerca de 15.000 funcionarios de Justicia de las autonomías que no tienen transferidas las competencias en esta materia (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Extremadura Ceuta y Melilla) y de los servicios centrales.
Los representantes sindicales han denunciado que recientemente se les ha comunicado que no se aplicaría porque según Hacienda el Ministerio de Justicia no tenía potestad para cerrar ese acuerdo, por lo que han decidido salir a la calle hasta que se materialice lo pactado, llegando incluso a «la paralización en la Administración de Justicia hasta que se repongan los derechos de los trabajadores», en palabras del representante de Comisiones Obreras Luis Calero.
Calero ha subrayado que, tras 13 años de enfrentamiento con el Ministerio y meses de negociación se llegó a un acuerdo pero «ahora el Ministerio de Hacienda culpa al de Justicia diciendo que no tenía autorización para pagar esas cantidades, aunque Justicia dice que si… y al final pagan los trabajadores, con una oferta muy a la baja».
Salarios inferiores a las comunidades sin la competencia transferida
Ha destacado que actualmente un funcionario de las comunidades que no tienen transferida la competencia en Justicia o de los servicios centrales cobra una media de 250 euros menos al mes, que llegan a ser 600 en el caso del País Vasco o de 350 en Madrid.
«Si el Gobierno no rectifica vamos a continuar, no nos va a temblar el pulso para convocar lo necesario, sin descartar acciones de huelga o paros parciales o totales, y la paralización si es necesario en la Administración de Justicia en el ámbito no transferido hasta que se repongan los derechos de los trabajadores», ha asegurado Calero.
El presidente del sector nacional de Justicia del CSIF, Javier Jordán, ha reiterado que las ministras Llop y Montero «tienen que cumplir lo pactado en la biblioteca del Ministerio de Justicia, cumplir con los funcionarios que mantuvieron abiertos los juzgados durante lo peor en la pandemia, sin mascarillas y sin medios de protección».
«Lo pactado es para cumplir; un Gobierno que no tiene palabra no tiene credibilidad, es un Gobierno que se tiene marchar y convocar elecciones«, ha añadido, tras incidir en que los trabajadores «están hartos de este desprecio a su dignidad profesional, de esta burla y de este cachondeo de las dos ministras y de todo el Gobierno».
Elisa Losada, de STAJ, ha puesto de relieve que no cumplir lo pactado «es un quebranto absoluto, una vulneración de los derechos de los trabajadores», y mantendría una situación por la que un funcionario del Tribunal Supremo que está enfrente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid cobra 250 euros haciendo lo mismo.
En la misma línea Victoria Carrero de UGT ha sostenido que no materializar lo acordado con los representantes de los trabajadores es «vulnerar la negociación colectiva y la buena fe» y supone una injerencia inaceptable del Ministerio de Hacienda en los acuerdos del de Justicia.
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