Los letrados de la Administración de Justicia llevaban más de dos meses en huelga para reclamar una adecuación salarial justa por parte del Ministerio de Justicia.
La Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) ya sugirió hace meses descargar a los letrados de ciertas funciones que podían asumir los profesionales de la insolvencia.
El pasado 24 de enero los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) iniciaron una huelga indefinida, la primera de su historia, como medida de protesta ante la nula respuesta del Ministerio de Justicia a las demandas de adecuación salarial de los profesionales, que desde la entrada en vigor de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, han asumido más de 300 nuevas competencias.
Así, los LAJ, fedatarios judiciales, encargados, entre otras cosas, de documentar los juicios, dirigir las oficinas judiciales y estar al mando de la dirección procesal, reclaman una adecuación salarial acorde al pronunciado aumento de competencias, más allá del incremento salarial del 9% derivado del aumento del IPC, que el Ministerio ha pactado con los sindicatos. Finalmente, la huelga se ha desconvocado, al haber llegado a un encuentro entre los convocantes y el Gobierno.
En esta línea, la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) propone que los Administradores Concursales asuman ciertas funciones que actualmente son competencia de los LAJ, para así descargarles de tareas y responsabilidades y agilizar los procesos relacionados con el campo de la insolvencia. Esta medida, entre otras, ya se sugirió cuando ASPAC presentó enmiendas al Texto Refundido de la Ley Concursal que entró en vigor el 26 de septiembre de 2022, no obstante, no fue aceptada. Esta ayuda podría beneficiar a los letrados y reduciría la saturación que están afrontando.
La regulación profesional, un aspecto clave
Del mismo modo que los letrados reclaman una adecuación salarial desde hace años, ASPAC, y el sector de la insolvencia en su conjunto, llevan esperando desde 2014 la creación de un Estatuto de la Administración Concursal que defina los criterios que delimiten el acceso a la profesión, aseguren unos honorarios justos y garanticen unos estándares de calidad para todos los implicados en el procedimiento de insolvencia.
“Es fundamental para el correcto desarrollo de cualquier profesión, que los profesionales cuenten con una regulación específica que defina las funciones que les son propias y establezca unas justas condiciones y retribuciones”, apunta Diego Comendador, presidente de ASPAC.
Así, la regulación de ambas cuestiones solo aportará beneficios. De este modo, ASPAC defiende que el hecho de que los Administradores asuman responsabilidades que actualmente les corresponden a los LAJ, y para las cuales están perfectamente capacitados, contribuirá, no solo a resolver esta situación que altera el funcionamiento de los juzgados, sino que permitirá que los letrados destinen sus esfuerzos a otras funciones fundamentales, agilizando los procesos, mejorando el funcionamiento del sistema judicial nacional y, por ende, impactando positivamente en el tejido empresarial del país.
“Estamos convencidos de que descargar a los letrados de la Administración de Justicia de funciones que podemos asumir los Administradores Concursales es una solución beneficiosa a corto, medio y largo plazo. Por un lado, se presenta como una medida para solucionar la situación actual y, por otro, permitirá que los letrados focalicen sus esfuerzos en cuestiones concretas que, por sus requerimientos técnicos, solo puedan asumir ellos, repercutiendo de manera directa en el funcionamiento judicial”, asegura Diego Comendador.
Finalmente, señala Diego Comendador, “insistimos en que no se nos puede expulsar de los procedimientos de la insolvencia, porque como venimos diciendo desde hace mucho tiempo, no somos el problema sino la solución”.
