El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de la primera parte de la reforma de las pensiones, enfilando así ya el camino al Parlamento en septiembre, tal y como quería el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para que pueda entrar en vigor el 1 de enero.
En rueda de prensa posterior a la reunión, la portavoz del Gobierno, señaló que esta reforma «recupera el diálogo y el consenso» al dar cumplimiento a las recomendaciones del Pacto de Toledo que fue avalado por casi todos los grupos políticos.
Subida conforme al IPC
En el anteproyecto se recoge el nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones, pactado con los agentes sociales, que consiste en que cada año se incrementarán las pensiones el 1 de enero de acuerdo con la inflación media anual registrada el ejercicio anterior.
Eso significa que se acaba con la ‘paguilla’ que se daba a los pensionistas cuando la inflación superaba el incremento aprobado a comienzos de año para las pensiones. En el caso poco frecuente de que hubiera un IPC negativo, las pensiones quedarán inalteradas.
Además, cada cinco años se hará una evaluación de los efectos de esta revalorización con la inflación del año anterior para comprobar si se mantiene el poder adquisitivo y la suficiencia económica de los pensionistas.
Penalizar a la jubilación anticipada
Otra de las novedades del anteproyecto son los coeficientes reductores por jubilación anticipada. Con la aprobación de esta norma, esa reducción se aplicará sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora, lo que afecta especialmente a las pensiones más altas, aunque esta modificación se realizará de forma progresiva a lo largo de diez años.
La norma establece que se retrasa su aplicación hasta 2024 para aquellos que estén cotizando por encima de la pensión máxima.
Por otra parte, los coeficientes pasan a ser mensuales -ahora son trimestrales- y que, según los cálculos del ministerio, es un sistema más favorable en la mayoría de los casos; solo saldrán perdiendo si lo hacen en el mes 24 o 23 o ya tres meses antes de cumplir la edad legal.
El mayor castigo lo sufriría una persona que se jubila a los 63 años con menos de 36 años y 6 meses, pues se pasaría de un 16% actual de reducción a un 21% de reducción.
Asimismo, se prohíbe que los convenios colectivos puedan obligar a los trabajadores a jubilarse antes de los 68 años, aunque se permite este límite a la edad legal de jubilación en aquellas actividades donde la representación laboral de las mujeres sea inferior al 20% y sea una mujer quien sustituya al recién jubilado.
Cheque a los que retrasen la jubilación
Para aquellos que retrasen su retiro más allá de la edad legal de jubilación, el proyecto de ley incorpora un ‘premio’ a elegir entre elevar un 4% la cuantía de la pensión por cada año completo que retrase la jubilación o recibir ese importe en un pago único al retirarse.
La cantidad de pago único se determina en función del importe de la pensión y de los años cotizados, con lo que oscilará entre 4.786 euros y 12.060 euros.
Derogación reforma 2013
El anteproyecto deroga definitivamente la reforma aprobada en 2013 por el Gobierno del Partido Popular, que no obtuvo consenso político ni social.
El anteproyecto deroga la aplicación del factor de sostenibilidad, que entraba en vigor en 2023 y que recortaba la pensión de jubilación en función de la esperanza de vida para hacer frente al mayor gasto que va a suponer para el sistema la incorporación de las generaciones de los ‘baby boomer’ (nacidos en los años sesenta y setenta del siglo pasado).
Pedro Sánchez anunció a primeros de julio que se sustituirá por un mecanismo de «equidad intergeneracional».
