El decreto ley de ayudas directas a empresas impulsado por el Gobierno ha recibido críticas llegar tarde, ser insuficientes y además, no negociadas, siendo aceptada con reticencias incluso entre sus socios.

La oposición en bloque ha criticado este jueves al Gobierno y a su vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, por el decreto ley de ayudas directas a empresas afectadas por la crisis de la pandemia de Covid-19, reprochando que estas ayudas llegan tarde, no son suficientes, dejan fuera a sectores afectados por la crisis y no han sido negociadas con la oposición.

Y es que el decreto ley, que establece la creación de un fondo de 11.000 millones de euros con ayudas para empresas y autónomos, 7.000 millones de ellos en ayudas directas, ha recabado en la oposición menos apoyos que abstenciones y rechazos en el debate de convalidación del Congreso.

Además del PSOE y Unidas Podemos, únicamente han manifestado su apoyo al decreto ley Esquerra Republicana, Más País-Equo y Coalición Canaria, mientras que socios del Gobierno como el PNV o EH-Bildu han decidido abstenerse. El PP, Ciudadanos el PDeCAT, UPN y Foro Asturias también han optado por la abstención, mientras que Vox y Junts han votado en contra.

LAS RESTRICCIONES SON TERRITORIALES, PERO LAS AYUDAS NO

El PP ha justificado su abstención «por responsabilidad», pero ha instado al Gobierno a simplificar el proceso de concesión de ayudas, lamentando su diputada Elvira Rodríguez «un procedimiento de gestión largo, costoso» y que «recae sobre las comunidades autónomas, a las que «obligan a comprobar factura a factura», sin además haberlo debatido ni consultado con ellas. Además, ha señalado que «el problema del reparto territorial» se resolvería con créditos ampliables.

Para María Muñoz, de Ciudadanos, se trata de un sistema de reparto «claramente ineficaz», con medidas «insuficientes» que, a su juicio, «sólo aplazan el desastre». «Llegan tarde no, tardísimo», ha reprochado Ferrán Bel (PDeCAT), señalando que sectores con pérdidas del 40% y el 50% se quedan fuera por obviarse que las restricciones no se han adoptado de forma global, sino territorialmente, y por tanto hay sectores más afectados en comunidades concretas.

Para Idoia Sagastizabal, portavoz económica del PNV, el decreto es «un jarro de agua fría», ya que las ayudas «ni son claras, ni se adaptan a la realidad de cada territorio», que sin embargo deberán gestionar su concesión. En las provincias vascas, por ejemplo, no se funciona con un régimen de estimación directa, ni tampoco se mide la caída de facturación con el criterio de base imponible, sino en la base liquidable. «¿Cómo lo hacemos?», se ha preguntado.

«VOTAREMOS A FAVOR PERO MERECEN UN ‘NO’ POR MALO, TORPE Y RAMPLÓN»

Entre quienes han apoyado el decreto también ha habido críticas. Ana Oramas (CC), ha asegurado que el decreto «llega tarde, porque muchas pymes se han quedado por el camino», mientras que Inés Sabanés (Equo) ha calificado de «incomprensible» la «resistencia a la aplicación de ayudas directas», cuando otros países menos dependientes a actividades afectadas por las restricción se adelantaron a estas medidas.

«Votaremos que sí, pero sólo por responsabilidad de la economía real de pymes y autónomos», ha explicado Joan Cadpevila (ERC), que cree que en el Ejecutivo «merecían un ‘no'» a su decreto «por malo, torpe, ramplón, prepotente y nada dialogado».

En Vox su diputada Patricia Rueda ha criticado a las formaciones que han apoyado o se han abstenido ante un decreto por «apoyar una vez más a ‘producciones Moncloa’, permitiendo un plan que hiere de muerte a empresas y a autónomos».

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