El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha rechazado que en la en la futura Ley de Vivienda se establezca un control de precios del alquiler, como plantea su socio de Gobierno, Unidas Podemos.

El ministro apuesta por promover incentivos fiscales, para los cuales espera aún el visto bueno del Ministerio de Hacienda.

En rueda de prensa tras la Ejecutiva Federal del PSOE en la sede del partido en Madrid, Ábalos ha reconocido que, en materia de «intervención de los precios» ambas formaciones tienen «dos concepciones distintas» y, en su caso, consideran «más positivo y eficaz promover que no imponer».

«Lógicamente, los más ocurrentes son los (incentivos) fiscales, aunque también puede haber otras medidas, que no imponer», ha explicado el ministro titular de las competencias de Vivienda, que ha advertido de que, con el control de precios, «puede haber una detracción del mercado» en la que «muchas de esas viviendas que podrían ser destinadas al alquiler acaben en la compraventa».

En el acuerdo de Gobierno de coalición el PSOE y Unidas Podemos pactaron impulsar «las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas» del alquiler y habilitar a los ayuntamientos y comunidades a «regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas», y en el acuerdo de Presupuestos ambas formaciones acordaron «regular la contención de las rentas del alquiler en la Ley de Vivienda».

«LA VIVIENDA TAMBIÉN ES UN BIEN DE MERCADO»

Ábalos también ha incidido en que la nueva norma «respete la constitucionalidad», pues «precedentes maximalistas ya han conseguido la posición del Tribunal Constitucional» y también que la ley «tenga en cuenta que es un derecho pero también un bien de mercado que genera actividad económica, que busca también seguridad jurídica al respecto de las inversiones y todo eso no lo podemos obviar».

Asimismo, durante su intervención, Ábalos ha asegurado que el PSOE defiende una política de vivienda «que comprometa a los poderes públicos y no trasfiera esa responsabilidad a los particulares, sean estos más o menos solventes».

«No pensamos que los particulares tengan que resolver la política pública de vivienda, sino al que corresponda, que es al conjunto de las administraciones», ha apostillado el ministro, asegurando que, cuando se plantea la prohibición de los desahucios, deben ser las administraciones «las que procuren alternativa habitacional».

COMPARTEN OBJETIVOS, PERO NO LAS «HERRAMIENTAS»

«Pensamos que es mucho más positivo incentivar que penalizar, que haya estímulos para que se saquen estas viviendas al mercado del alquiler», ha incidido Ábalos, asegurando que esos incentivos irían dirigidos a aquellos propietarios que ofertan su vivienda «no ya por debajo del precio de mercado, sino por debajo de los índices de referencia que el Ministerio publica».

El ministro ha explicado que en el Gobierno tanto el PSOE como Unidas Podemos coinciden «en los objetivos sobre lo que debe regular la Ley de Vivienda», pero que «puede haber diferencias en las herramientas para conseguir los objetivos».

«TAMPOCO HAY POR QUÉ CORRER»

Por otro lado, Ábalos, que ha ofrecido la rueda de prensa como secretario de Organización del PSOE, ha asegurado que la nueva norma «no puede ser una ley coyuntural ni apremiada por situaciones muy concretas y muy coyunturales». «Habrá que entrar en lo estructural, e incluso en el marco que permita adoptar medidas coyunturales, pero que la coyuntura no nos condicione en esa ley básica de la democracia», ha dicho.

Y es que el ministro de Transportes ha destacado que «es bueno para el país tener una Ley de Vivienda» y que «en estos 40 años de democracia no se ha hecho», pero ha apostillado que «si en 40 años no se ha hecho, para hacer una mala ley tampoco hay por qué correr». «Hace falta una ley, pero una buena ley», ha aseverado.

DISCREPANCIAS PESE A ACORDAR «MECANISMOS DE CONTENCIÓN»

El control de precios en el mercado de alquiler ha sido una constante batalla entre el PSOE y Unidas Podemos, que sin embargo han venido pactando desde 2018 medidas de contención de los precios, las últimas en el propio acuerdo de Gobierno de coalición y para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

En ese último acuerdo ambas formaciones pactaron «regular la contención de las rentas del alquiler en la Ley de Vivienda» y habilitar en ella «mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios tanto de los nuevos contratos como de los existentes» y, a partir de los precios de referencia «contener subidas injustificadas».

Ese acuerdo, alcanzado a finales del pasado mes de octubre, daba un plazo máximo de tres meses para llevar la Ley a Consejo de Ministros y presentarla en el Congreso en un máximo de cuatro por lo que, en virtud de ese plazo, el Gobierno debía de haber presentado la norma antes de concluir enero.

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