La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha comunicado a las comunidades autónomas que recibirán el próximo año 134.336 millones del sistema de financiación, lo que supone un aumento de 26.130 millones respecto al año anterior, es decir, un 24% más. Así, Montero ha asegurado que el próximo año recibirán los mayores recursos de su historia del sistema de financiación.
La mayor parte de los recursos corresponden a las entregas a cuenta del sistema de financiación para 2023, un total de 124.292 millones, un 11% más. El resto, 10.981 millones, se enmarcan en la liquidación positiva del ejercicio 2021, es decir, que las cantidades que Hacienda entregó ese año a cuenta fueron inferiores a lo que finalmente les correspondería con la recaudación obtenida y el próximo año se les compensará por ese desfase.
Según fuentes presentes en la reunión, la titular de la cartera de Hacienda y Función Pública ha explicado que el dato positivo de las liquidaciones se debe a las previsiones prudentes del Gobierno y a las medidas adoptadas para reforzar el empleo y el crecimiento económico.
Montero ha recordado que, incluyendo los datos de 2023, las comunidades autónomas habrán recibido, en cinco años de Gobierno de Pedro Sánchez, 178.750 millones más que en los últimos cinco años completos del Gobierno de Mariano Rajoy, lo que supone un incremento del 40% en la financiación de las autonomías.
La ministra se ha reunido este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con los consejeros autonómicos para informarles del techo de gasto, la referencia de déficit para 2023 y de los anticipos a cuenta del sistema de financiación autonómica que se incluirán en los presupuestos del próximo año.
La ministra ya avanzó este martes que la referencia de déficit autonómico para 2023 será del 0,3% del PIB, cinco décimas menos que 2022, pero dos más de lo apuntado a finales de abril. En todo caso, esta cifra solo es una orientación cuyo incumplimiento no implicaría sanciones, ya que las reglas fiscales europeas se encuentran suspendidas y el Gobierno pretende mantener sin aplicación también las nacionales.
Valoración positiva de Comunidad Valenciana e Islas Baleares
Los consejeros de Hacienda de la Comunidad Valenciana e Islas Baleares han celebrado este miércoles un incremento de recursos para las autonomías y haya aceptado revisar las deudas de los territorios. Los consellers han argumentado que sus territorios soportan una deuda de miles de millones que es consecuencia de su infrafinanciación.
Tras la reunión, el conseller valenciano de Hacienda, Arcadi España, ha valorado en declaraciones a los medios muy positivamente el encuentro de hoy y ha destacado que habrá “un 24% más de dinero para que las autonomías puedan compensar los efectos del coronavirus y de la inflación”.
En la misma línea, la balear Rosario Sánchez ha señalado que «el trabajo conjunto está siendo bueno para la ciudadanía y también ha valorado la flexibilidad en cuanto al déficit, junto al incremento en los recursos. “Además, la ministra ha aceptado que en la reforma del sistema de financiación se vincule la deuda histórica con el nuevo sistema, algo que desde Baleares habíamos reclamado”, ha señalado.
Por otro lado, el consejero madrileño de Hacienda y Economía, Javier Fernández-Lasquetty, ha pedido a Montero que reúna a la conferencia sectorial de los fondos europeos Next Generation para abordar la segunda fase correspondiente a los préstamos, al tiempo que ha reiterado la preocupación de la Comunidad de Madrid por el “aumento del gasto público”.
Lasquetty, que ha visto a la ministra “relativamente receptiva” a las críticas del Ejecutivo regional madrileño, ha indicado que la Comunidad de Madrid todavía no conoce la “previsión de entregas a cuenta y liquidación” y ha subrayado que el crecimiento de la recaudación defendido por el Gobierno se debe a la inflación, por lo que ha demandado “prudencia” para no generar más.
Hacienda dará flexibilidad para asumir el impuesto de residuos
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que dará «absoluta flexibilidad» a las comunidades autónomas para decidir cuándo asumen el nuevo impuesto sobre depósito de residuos en vertedero, que entrará en vigor el próximo 1 de enero.
Tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Montero ha explicado que en el encuentro se ha decidido «impulsar» la cesión de este impuesto, que nació con vocación estatal, pero que el Congreso de los Diputados decidió ceder a las comunidades autónomas.
De esta manera se permitirá «que las comunidades autónomas lo puedan ir asumiendo lo antes posible», aunque con flexibilidad para que «ese proceso de cesión se haga a demanda» de las propias regiones, que podrán asumir gestiones y competencias «a lo largo de los próximos años».
«No haremos presión el año que viene para que asuman la gestión», ha aclarado, algo que podrán hacer «cuando ellas quieran», también para dar tiempo a la modificación de algunas leyes para incorporar el nuevo impuesto cedido.
Insta a esperar a la «letra pequeña» de la sentencia de Griñán y Chaves
Asimismo, Montero ha defendido este miércoles que los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, condenados por el caso ERE, «no se han beneficiado de un solo euro público».
En rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Montero, que fue consejera de los gobiernos de ambos, ha instado a esperar a la «letra pequeña» de la sentencia completa del Tribunal Supremo para conocer «la motivación o los argumentos jurídicos».
La ministra ha destacado que «hay controversia» en el fallo, que se aprobó por tres votos frente a dos, y ha recordado que la instrucción del caso ha demostrado que «Chávez y Griñán no se han beneficiado de un solo euro público» y que no hubo financiación ilegal del PSOE.
A esto ha añadido que Griñán ya asumió «la responsabilidad política con su dimisión como presidente de la Junta de Andalucía» y que algunos de los condenados pretenden presentar recursos.
El Tribunal Supremo ha confirmado este martes la sentencia que impuso seis años de cárcel a Griñán y nueve de inhabilitación a Chaves por el caso ERE, un sistema fraudulento de ayudas sociolaborales desplegado entre 2000 y 2011.
