Las comunidades gastaron un 13% menos en rentas mínimas de inserción en 2021 tras la implantación del IMV

Las comunidades autónomas gastaron hasta 247 millones de euros menos en rentas mínimas de inserción durante 2021, una reducción del 13% que ha llegado tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital.

Según un análisis de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, «muchas comunidades están desmantelando su sistema de protección a las personas y familias en situaciones de exclusión social» a través de la «sustitución» de las prestaciones por el IMV, una ayuda económica destinada a la pobreza que, en cualquier caso, resulta «insuficiente».

Concretamente, el número de beneficiarios de las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) se redujo en 150.000 personas en 2021 respecto a 2020. Solo el 7,1% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España (645.317 personas) se beneficia de ellas.

Castilla-La Mancha y Madrid registran los mayores descensos

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Por comunidades, el informe señala que Castilla-La Mancha registra el mayor descenso porcentual con una reducción de más de las dos terceras partes del mismo (66,7 %).

Entre las comunidades autónomas que menos gastaron se encuentran también Madrid (un 61,7% menos que en 2021), Castilla y León (-58,2%) y Aragón (-51,6%). Todas ellas redujeron sus presupuestos en torno al 50% o más.

A estos territorios le siguen en negativo Extremadura (-48,8%), Murcia (-41,1%), La Rioja (-37,2%), Cantabria (-23,7%), Galicia (-17,6%), Andalucía (-15,6%) y Asturias (-14%).

No obstante, el análisis destaca que algunas comunidades destinaron este “ahorro” a programas de inclusión social o a otras políticas sociales, como Castilla y León y Madrid, mientras que en otras «supuso sin más una reducción de su gasto social en un año marcado por la crisis sanitaria y social».

Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias: las que más aumentaron sus presupuestos

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En el lado opuesto se encuentran comunidades como la Valenciana (+65,3%), Cataluña (+60,5%) y Canarias (+39,7%), «donde se han reforzado como complemento del IMV», con incrementos presupuestarios que en el caso de las dos primeras superan el 60%.

En positivo le siguen también Baleares, con un incremento en su gasto social de un 21,6% en 2021, Navarra (+7,4%) y País Vasco (+1%).

Estas diferencias con el resto de las comunidades se observa igualmente en la evolución del número de perceptores: mientras que Castilla-La Mancha los ha reducido hasta en un 73%, la Comunidad Valenciana los ha aumentado un 121%.

Navarra y País Vasco, además, siguen destacando con elevados porcentajes de beneficiarios respecto a su población bajo el umbral de la pobreza, con un 75,8% y un 55,8%.

La cuantía media por beneficiario baja más de un punto en España

La cuantía media por perceptor de las RMI en el conjunto de España supone el 15,9% de la renta media por hogar en el conjunto del país, una cifra que para las Directoras y Gerentes de Servicios Sociales es «extremadamente baja» y que se ha reducido más de un punto desde 2019, al pasar del 17,1% al 15,9%.

Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Asturias son las comunidades que están por encima de la media, en tanto que en Murcia, Madrid y Aragón el porcentaje que supone la cuantía media de las RMI no alcanza el 10% de la renta media por hogar en esas regiones.

Tras constatar esta situación, la Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha reclamado a las comunidades «que, como ya ha hecho alguna de ellas, destinen el ‘ahorro’ que ha supuesto la implantación del IMV a reforzar sus programas de inclusión social que, entre otras causas, pueden estar producidas por las «situaciones de pobreza prolongadas».

 

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