Las comunidades autónomas gastaron hasta 247 millones de euros menos en rentas mínimas de inserción durante 2021, una reducción del 13% que ha llegado tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital.
Según un análisis de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, «muchas comunidades están desmantelando su sistema de protección a las personas y familias en situaciones de exclusión social» a través de la «sustitución» de las prestaciones por el IMV, una ayuda económica destinada a la pobreza que, en cualquier caso, resulta «insuficiente».
Concretamente, el número de beneficiarios de las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) se redujo en 150.000 personas en 2021 respecto a 2020. Solo el 7,1% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España (645.317 personas) se beneficia de ellas.
Castilla-La Mancha y Madrid registran los mayores descensos
Por comunidades, el informe señala que Castilla-La Mancha registra el mayor descenso porcentual con una reducción de más de las dos terceras partes del mismo (66,7 %).
Entre las comunidades autónomas que menos gastaron se encuentran también Madrid (un 61,7% menos que en 2021), Castilla y León (-58,2%) y Aragón (-51,6%). Todas ellas redujeron sus presupuestos en torno al 50% o más.
A estos territorios le siguen en negativo Extremadura (-48,8%), Murcia (-41,1%), La Rioja (-37,2%), Cantabria (-23,7%), Galicia (-17,6%), Andalucía (-15,6%) y Asturias (-14%).
No obstante, el análisis destaca que algunas comunidades destinaron este “ahorro” a programas de inclusión social o a otras políticas sociales, como Castilla y León y Madrid, mientras que en otras «supuso sin más una reducción de su gasto social en un año marcado por la crisis sanitaria y social».
Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias: las que más aumentaron sus presupuestos
En el lado opuesto se encuentran comunidades como la Valenciana (+65,3%), Cataluña (+60,5%) y Canarias (+39,7%), «donde se han reforzado como complemento del IMV», con incrementos presupuestarios que en el caso de las dos primeras superan el 60%.
En positivo le siguen también Baleares, con un incremento en su gasto social de un 21,6% en 2021, Navarra (+7,4%) y País Vasco (+1%).
Estas diferencias con el resto de las comunidades se observa igualmente en la evolución del número de perceptores: mientras que Castilla-La Mancha los ha reducido hasta en un 73%, la Comunidad Valenciana los ha aumentado un 121%.
Navarra y País Vasco, además, siguen destacando con elevados porcentajes de beneficiarios respecto a su población bajo el umbral de la pobreza, con un 75,8% y un 55,8%.
La cuantía media por beneficiario baja más de un punto en España
La cuantía media por perceptor de las RMI en el conjunto de España supone el 15,9% de la renta media por hogar en el conjunto del país, una cifra que para las Directoras y Gerentes de Servicios Sociales es «extremadamente baja» y que se ha reducido más de un punto desde 2019, al pasar del 17,1% al 15,9%.
Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Asturias son las comunidades que están por encima de la media, en tanto que en Murcia, Madrid y Aragón el porcentaje que supone la cuantía media de las RMI no alcanza el 10% de la renta media por hogar en esas regiones.
Tras constatar esta situación, la Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha reclamado a las comunidades «que, como ya ha hecho alguna de ellas, destinen el ‘ahorro’ que ha supuesto la implantación del IMV a reforzar sus programas de inclusión social que, entre otras causas, pueden estar producidas por las «situaciones de pobreza prolongadas».
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