
El gasto en pensiones contributivas sigue marcando cifras históricas. En marzo de 2025, la Seguridad Social destinó 13.492,5 millones de euros para el pago de la nómina ordinaria mensual de pensiones contributivas, lo que representa un incremento del 6,3% respecto a marzo de 2024, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Este aumento refleja el impacto de la revalorización de las pensiones aprobada para este año, que ha sido del 2,8% con carácter general y de entre el 6% y el 9% para las pensiones mínimas, garantizando así el poder adquisitivo de los pensionistas ante la inflación.
Distribución del gasto en pensiones contributivas
Del total de la nómina de marzo, tres cuartas partes correspondieron a pensiones de jubilación, cuyo importe global ascendió a 9.870,4 millones de euros, con un incremento del 6,3% interanual.
El resto del gasto se distribuyó de la siguiente manera:
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Pensiones de viudedad: 2.191,2 millones de euros (+4,2%).
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Incapacidad permanente: 1.217,2 millones de euros (+10,9%).
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Orfandad: 177,7 millones de euros (+3,9%).
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Prestaciones en favor de familiares: 35,9 millones de euros (+6,5%).
El aumento del gasto responde no solo a la revalorización de las pensiones, sino también al incremento del número de beneficiarios. En marzo, la Seguridad Social abonó 10.313.634 pensiones, un 1,7% más que en marzo de 2024, beneficiando a más de 9,3 millones de personas, con un crecimiento del 1,6% interanual.
Pensión media en España: 1.308 euros mensuales
La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que incluye todas las modalidades (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares), alcanzó en marzo los 1.308,2 euros mensuales, lo que representa un incremento del 4,5% respecto al año anterior.
En detalle:
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Pensión media de jubilación: 1.502,2 euros (+4,4%).
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Pensión media de viudedad: 933 euros.
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Nuevas altas de jubilación: 1.761,5 euros de media.
Este crecimiento refleja tanto la revalorización de las pensiones como la tendencia a jubilaciones con bases de cotización más altas, lo que eleva progresivamente la cuantía media.
Auge de las jubilaciones demoradas y envejecimiento del sistema
Uno de los cambios más significativos en el sistema de pensiones es el crecimiento de las jubilaciones demoradas. En los dos primeros meses de 2025, se registraron 69.616 nuevas altas de pensiones de jubilación, de las cuales el 11,3% correspondieron a jubilaciones demoradas, más del doble del 4,8% registrado en 2019.
Este fenómeno responde a los incentivos a la jubilación tardía introducidos en 2022, que han elevado la edad media de acceso a la jubilación a 65 años, frente a los 64,4 años en 2019.
Plazos de resolución de expedientes
Otro aspecto clave en la gestión de las pensiones es la agilidad en la tramitación de los expedientes. En febrero de 2025, los tiempos medios de resolución fueron:
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21,53 días para la pensión de jubilación.
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12,96 días para las pensiones de viudedad.
Estos tiempos reflejan un esfuerzo por reducir la burocracia y mejorar la eficiencia en la gestión del sistema de pensiones.
El complemento para la reducción de la brecha de género
En marzo, 976.975 pensiones incluyeron el complemento para la reducción de la brecha de género, de las cuales el 88,7% fueron percibidas por mujeres (866.851 beneficiarias).
El importe medio del complemento es de 75,5 euros mensuales y su distribución por número de hijos es la siguiente:
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1 hijo: 244.457 beneficiarios (25%).
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2 hijos: 460.384 beneficiarios (47,1%).
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3 hijos: 179.139 beneficiarios (18,3%).
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4 o más hijos: 92.995 beneficiarios (9,5%).
Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija por hijo y debe solicitarse al mismo tiempo que la pensión.
Un gasto creciente con retos de sostenibilidad
El récord de gasto en pensiones alcanzado en marzo de 2025 pone de manifiesto la importancia de garantizar la sostenibilidad del sistema en un contexto de envejecimiento de la población y aumento de la esperanza de vida.
A medida que crece el número de jubilados y se incrementa la cuantía media de las pensiones, el Gobierno y los agentes sociales deberán seguir buscando fórmulas para garantizar el equilibrio financiero del sistema, fomentando el empleo, la cotización y la adopción de medidas que refuercen la viabilidad de las pensiones a largo plazo.