El próximo 1 de abril de 2025 entrará en vigor la reforma del modelo de jubilación parcial, activa y demorada, un cambio estructural en el sistema de pensiones que afectará tanto a trabajadores por cuenta ajena como a los autónomos. La medida, acordada entre el Gobierno y los agentes sociales y ratificada por el Parlamento, busca flexibilizar el acceso a la jubilación y fomentar la permanencia en el mercado laboral.

Sin embargo, en el caso de los funcionarios públicos, su aplicación no es automática, ya que aún es necesario realizar modificaciones legislativas que garanticen su acceso a la jubilación parcial con contrato de relevo. En este contexto, los sindicatos UGT y CCOO han exigido al Gobierno que concrete estas reformas para evitar que los empleados públicos queden fuera de los beneficios de la nueva normativa.

Los funcionarios y la incertidumbre sobre la jubilación parcial

A pesar de la inminente entrada en vigor de la reforma, los funcionarios aún no tienen asegurado el derecho a la jubilación parcial con contrato de relevo. Ante esta situación, UGT y CCOO enviaron recientemente una carta al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, criticando la falta de avances en esta materia.

Este lunes, tras una reunión con representantes sindicales, el ministro se ha comprometido a introducir una tasa adicional de empleo que permita al personal laboral del sector público acceder a la jubilación anticipada. Además, ha asegurado que modificará la normativa vigente para evitar la pérdida de este derecho entre los funcionarios.

Nuevo acuerdo plurianual y subida salarial independiente de los PGE

Los sindicatos han destacado que, durante la reunión, el ministro Óscar López también ha asegurado que el Gobierno negociará un nuevo acuerdo plurianual que incluirá la subida salarial de los empleados públicos para 2025.

A diferencia de otros años, este incremento se gestionará de forma independiente de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), una decisión que busca evitar que las mejoras salariales queden sujetas a negociaciones presupuestarias más amplias y prolongadas.

Tasa adicional de empleo para facilitar la jubilación parcial

Uno de los puntos clave de la reforma es la introducción de una tasa adicional de empleo destinada a garantizar el acceso a la jubilación parcial con contrato de relevo para los empleados públicos.

Según UGT, esta tasa no computará dentro del porcentaje de tasa de reposición acordado, lo que permitirá la creación de más plazas y facilitará el relevo generacional en la administración pública. Esta medida responde a la necesidad de garantizar que el personal laboral pueda beneficiarse del acuerdo de jubilación parcial firmado el 18 de diciembre.

Además, el ministro ha reafirmado su compromiso con los sindicatos para convocar la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, donde se abordarán otras reformas pendientes en el sector público.

Demandas sindicales: subida salarial del 0,5% y jornada de 35 horas

UGT y CCOO han insistido en la necesidad de aprobar de inmediato la subida salarial del 0,5% pendiente para los empleados públicos, una medida que los sindicatos consideran prioritaria para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

Además, han solicitado que se acelere la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales, una reivindicación histórica que sigue sin concretarse en muchos ámbitos de la administración pública.

Los sindicatos también han exigido medidas para garantizar la atención presencial en los servicios públicos, así como un plan de digitalización para facilitar el acceso a la administración en zonas rurales y áreas con riesgo de exclusión digital.

Otras reivindicaciones: creación de empleo neto y promoción profesional

Más allá de la jubilación parcial y las mejoras salariales, UGT y CCOO han planteado otras demandas clave para la modernización del sector público, entre ellas:

• Creación de empleo neto en las administraciones públicas, evitando que las jubilaciones y bajas reduzcan la plantilla.

• Reducción de la temporalidad y mejora de la estabilidad laboral.

• Rejuvenecimiento de las plantillas, fomentando el acceso de nuevos profesionales a la administración.

• Promoción interna, formación y carrera profesional para los empleados públicos.

• Implantación del Marco Español de Cualificaciones Profesionales, asegurando una clasificación adecuada de los trabajadores.

• Planes de igualdad y protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, reforzando las medidas de prevención y actuación en el sector público.

Una reforma en marcha con retos pendientes

La entrada en vigor de la reforma del modelo de jubilación parcial, activa y demorada representa un avance significativo en la flexibilización del sistema de pensiones en España. No obstante, su aplicación en el sector público sigue generando incertidumbre, especialmente en lo que respecta a los funcionarios y su acceso a la jubilación parcial con contrato de relevo.

El compromiso del ministro Óscar López de introducir una tasa adicional de empleo y modificar la normativa para garantizar este derecho es un primer paso, pero los sindicatos exigen acciones concretas y rápidas para evitar que estas promesas queden en meros anuncios sin aplicación real.

Además, siguen sobre la mesa otras reivindicaciones clave para los empleados públicos, como la subida salarial del 0,5% pendiente, la jornada de 35 horas y la estabilización del empleo en la administración.

Con la fecha límite del 1 de abril de 2025 acercándose, el reto del Gobierno será cumplir con estos compromisos y garantizar que la reforma se aplique de manera justa y equitativa para todos los trabajadores, sin excepciones ni retrasos injustificados.