Los cambios en las condiciones contemplados en la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, podría suponer el desplazamiento de la actividad aduanera a otros países de la UE, alertan desde el Consejo General de Agentes de Aduanas.
Estas son las principales conclusiones de un informe elaborado por la firma de servicios profesionales EY, en el que se estima que las disposiciones contenidas en la actual iniciativa legislativa ponen en peligro la viabilidad de la profesión de los agentes de aduanas e impactan sobre la capacidad del sector exterior de actuar como palanca de la recuperación económica.
El proyecto de la nueva Ley contra el fraude fiscal contempla, entre otros, la actualización de la lista de paraísos fiscales, refuerza el control fiscal sobre el mercado de criptodivisas, endurece la limitación de los pagos en efectivo, prohíbe por ley las amnistías tributarias y modifica el impuesto sobre el Valor Añadido en su afectación a la normativa aduanera.
En relación con el régimen de responsabilidad en las operaciones aduaneras, el proyecto de Ley prevé unas modificaciones que exigen a los agentes y representantes aduaneros responder, como responsables subsidiarios, sobre el IVA a la importación y otros impuestos asociados mediante unas garantías financieras por el plazo de 4 años desde el despacho de las mercancías.
En concreto, el desplazamiento de actividad a otros Estados de la UE podría tener un impacto de entre 6.000 y 9.000 empleos y otros 700 a 1.200 empleos como resultado de la mayor concentración empresarial, lo que sumaría una estimación total de posible pérdida de ocupación para 2025 de entre 6.700 y 10.200 empleos.
RIESGO PARA EL COMERCIO EXTERIOR
El informe de EY advierte sobre las implicaciones que el endurecimiento de las condiciones de ejercicio de la representación aduanera tendría sobre el comercio exterior, uno de los principales motores de la economía española, ya que «el régimen de responsabilidad que pretende introducirse a través del proyecto de Ley pasaría a ser uno de los más rigurosos de la UE».
De esta manera, España saldría del grupo de países que aplican un nivel de restricción medio, y que incluye a los estados con mayor volumen de comercio exterior como Alemania, Países Bajos, Italia y Francia, y se equipararía con países poco competitivos desde el punto de vista del tráfico exterior como Estonia, República Checa, Letonia o Polonia.
El presidente del Consejo General de Agentes de Aduanas de España, Antonio Llobet, señala que «el papel del sector exterior es fundamental para la recuperación y avance de la economía española» y considera que las medidas del proyecto de Ley «perjudican seriamente al atractivo comercial y a la competitividad de España en el marco europeo».
Asimismo, la imposibilidad de ofrecer las garantías económicas exigidas en el proyecto de Ley pondría en riesgo la continuidad de la labor de los profesionales dedicados a la gestión aduanera, lo que conllevaría el cierre de múltiples empresas locales o la deslocalización a otros países de la UE con normas más favorables, avisa.
Por ello, exige un Ley Aduanera específica, que trate en profundidad el impacto de estos cambios en la competitividad y atractivo comercial de España, porque «una gestión aduanera fluida y competitiva es beneficiosa para las empresas».
DESPLAZAMIENTO DE ACTIVIDAD Y CONCENTRACIÓN DEL MERCADO
De igual forma, el informe elaborado por EY advierte de que una vez que se establezca el llamado ‘Despacho Centralizado Europeo’, que permitirá operar desde Hamburgo o Róterdam mercancías que han llegado a Algeciras o Valencia, «parece previsible que los operadores eludan la aplicación del muy riguroso régimen de responsabilidad que pueda estar vigente en España».
Las consecuencias, asegura Llobet, «recaerán sobre el empleo en un sector que se enfrentaría a un duro ajuste debido al número de despachos aduaneros que podrían optar por operar desde otros países de la UE».
Por otra parte, el ejercicio de una gran presión regulatoria sobre el sector aduanero podría terminar generando una concentración de mercado, según apunta el informe, que considera que unas pocas multinacionales con el músculo financiero suficiente para hacer frente a la elevada onerosidad que exige el proyecto de Ley, y que también ofrecen servicios de representación aduanera, coparán la logística ligada a la exportación e importación de mercancías.
El Consejo General de Agentes de Aduanas ha trasladado a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados una propuesta de 10 enmiendas al articulado del Proyecto de Ley con el fin de subsanar los desequilibrios contenidos en el texto originalmente remitido por el Consejo de Ministros a las Cortes Generales.
Está en contacto con todos ellos con objeto de hacerles parte de sus inquietudes acerca de las graves afectaciones que la aprobación del texto del proyecto de Ley sin modificaciones tendría sobre la actividad aduanera y, en consecuencia, sobre la competitividad del comercio exterior español.
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