En cinco años, el 6,5% de la población española quedará sin servicios bancarios esenciales, como el acceso al efectivo por la falta de disponibilidad de oficinas y los cajeros automáticos.

Según el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, en tan solo un año el porcentaje de población en riesgo de exclusión y sin acceso al efectivo se incrementará en un 30% respecto al último análisis, a causa de la concentración financiera y la previsión de reducción de oficinas físicas y cajeros automáticos.

Este análisis prevé que a finales de este año hayan cerrado unas 5.000 oficinas bancarias y queden menos de 23.500 abiertas al público, un nivel que se daba a finales de los años setenta.

El estudio destaca que el proceso de concentración bancaria ha experimentado en los últimos meses un impulso notable tras la operación CaixaBank-Bankia y ha abierto la veda para otras operaciones similares con entidades financieras como Unicaja y Liberbank, entre otras.

Además, la digitalización ha propiciado que también entidades financieras que no tienen previsto entrar en procesos de fusión tengan planes concretos de reducción de su red comercial de oficinas cara al público.

El Instituto considera que los esfuerzos de las entidades bancarias por ofrecer cajeros automáticos volantes, oficinas móviles y otras soluciones no han logrado superar el problema de acceso al dinero en efectivo de una población eminentemente rural que crece año tras año ahora impulsado por la crisis sanitaria.

«El ritmo acelerado de cierre de oficinas bancarias es mucho más rápido que el ritmo de implantación de soluciones digitales que pueden compensar la ausencia de servicios financieros presenciales, generando que más de 4 millones de personas en toda España vayan a quedar excluidas de facto del acceso al sistema financiero», recoge el análisis.

El Instituto ha detectado un previsible incremento de la brecha financiera en España, al ampliarse el número de poblaciones y ciudadanos que no tendrá acceso directo a servicios bancarios presenciales, desde un simple cajero automático a otros servicios más complejos.

Lo peor de la situación, señala el análisis, es que si no se detiene este ensanchamiento de la brecha digital en los servicios financieros la discriminación se hará crónica y frenará cualquier política de desarrollo y protección a las capas sociales más necesitadas.

Los problemas de tipo social y económico que esta falta de acceso al efectivo generan en amplios estratos de población se van a agudizar y sus consecuencias tendrán impacto en el conjunto nacional, señala el análisis.

«Impedir o dificultar el acceso al dinero efectivo no hace otra cosa que incrementar la desigualdad y fomentar un reparto injusto de la riqueza. Una sociedad sin acceso al dinero en efectivo es el paradigma de la desigualdad», argumenta el análisis del Instituto Coordenadas.

El análisis del Instituto reitera los peligros de la tendencia al ahorro de costes instalada en buena parte del sistema de financiero de impulsar la eliminación del dinero en efectivo y su sustitución por medios de pago electrónicos.

«En un mundo sin dinero las instituciones financieras podrán rastrear cualquier operación y tendrán acceso a un caudal de información que incrementaría hasta niveles preocupantes sus opciones de control social y político», ha destacado el Instituto.

Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, ha señalado que amplias zonas rurales sin cajeros ni medios digitales serán excluidas por completo del sistema. «Eso es algo que de ninguna manera podemos permitirnos por lesionar dos niveles claros necesitados de especial protección: mayores y migrantes», ha zanjado