Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) empeora su previsión para el déficit en el 2024.
La AIReF prevé reducciones del déficit público en 2021, 2022 y 2023 más intensas que las previstas por el Ejecutivo en la Actualización del Plan de Estabilidad remitido a Bruselas debido a factores inerciales de la recuperación, aunque estima que de cara a 2023 y 2024 se produciría una ralentización de la senda descendente.
Así, en 2021 la AIReF prevé un déficit del 7,8% respecto al 8,4% previsto por el Ejecutivo, mientras que en 2022 se situaría en el 4,6% respecto al 5% estimado, y en el 3,9% en el 2023 respecto al 4% recogido en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas.
No obstante, para 2024 el organismo estima una menor reducción del déficit de las administraciones públicas respecto a la previsión del Gobierno, que se situaría en el 3,5% del PIB, 3 décimas superior al dato recogido en la actualización del Programa de Estabilidad del Gobierno. Además, estima que ese año la deuda pública estará todavía en torno al 112,4% del PIB, cifra que ve como un «importante factor de vulnerabilidad» para la economía española.
La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha presentado el Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad (APE) 2021-2024, remitido por el Gobierno a Bruselas el pasado 30 de abril, donde concluye que la estrategia fiscal del Gobierno es «incompleta».
IMPACTO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN
En este sentido, la AIReF echa en falta una mayor integración del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en el Programa de Estabilidad, que no incorpora los efectos de las reformas sobre el crecimiento y la sostenibilidad de las Administraciones Públicas.
La AIReF señala que el Plan solo incorpora el impacto macroeconómico de las inversiones del PRTR y el consiguiente impacto recaudatorio, pero no las reformas que todavía se encuentran pendientes de concreción legislativa y que afectan a ámbitos nucleares para el crecimiento y la sostenibilidad de las finanzas públicas (pensiones, el sistema tributario y el mercado de trabajo).
No obstante, desde la Autoridad se estima que las inversiones y el gasto asociados al Plan de Recuperación podrían tener un impacto en el crecimiento del 1,5% en 2021, 2,5% en 2022 y 1,6% en 2023.
Aunque estas estimaciones son similares a las contempladas por el Gobierno, se encuentran sujetas a una «elevada incertidumbre». Por un lado, el ritmo de ejecución de los proyectos y su concreción final serán cruciales a la hora de determinar el impacto y, por otro, la evidencia empírica sobre el impacto macroeconómico asociado a alguno de los componentes del Plan es «escasa»