En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Montero ha defendido la necesidad de «pedir un mayor esfuerzo» a quienes tienen beneficios extraordinarios, como las empresas energéticas, y a las «mayores rentas».
Montero ha eludido dar detalles sobre el eventual futuro impuesto, porque «hay que dejar que los técnicos trabajen», pero ha apuntado que sería temporal -igual que los gravámenes a las energéticas y la banca, que estarán vigentes dos años-.
A principios de 2023
La ministra también ha mostrado su intención de que el impuesto esté en vigor a comienzos del próximo año, aunque «habrá que ver la tramitación», y tampoco ha desvelado si se incluirá en los Presupuestos de 2023.
Este impuesto sería diferente del actual impuesto de patrimonio, que grava los patrimonios por encima de 700.000 euros -excluidos 300.000 euros de vivienda habitual-, cedido a las comunidades autónomas y que Madrid ya bonifica en su totalidad. Andalucía ha anunciado que va a suprimirlo y Murcia que lo eliminará próximamente, de momento ha rebajado el IRPF.
Acerca de la decisión de López Miras, Montero cree que es «una irresponsabilidad que decidan renunciar a la recaudación. Son muy pocos los que se benefician y se pierde mucho dinero para Sanidad».
«Rivalidad inmoral»
La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha tildado a las rebajas fiscales de las autonomías gobernadas por el PP de «rivalidad inmoral».
Sobre la decisión de Andalucía, sostiene que no comparten «una política fiscal que regale beneficios a los que más tienen», pero añade que es «mucho más inmoral verles pelearse por quién se lleva a los más ricos».
Rodríguez ha recordado que «la política fiscal debe ser una política de Estado» y que el presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo debería pronunciarse y antes de hablar con el Gobierno debería «poner primero de acuerdo a los suyos».
El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha rechazado el posible tributo a las grandes fortunas: «España no está en un momento para pedir más esfuerzos todavía a los españoles», y habla de una «nueva vuelta de tuerca» fiscal.
