El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros un Decreto Ley de respuesta a una «prolongada» sequía en el campo que incluye medidas fiscales, sociales y de liquidez para paliar el actual déficit de precipitaciones. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Luis Planas, ha defendido que es una ayuda necesaria para abordar la sequía y proteger al sector agricultor y ganadero de España.

En la norma participan seis ministerios e incluye cinco bloques de medidas urgentes de carácter fiscal, laboral, financiero e hidráulico, entre las que destaca la rebaja del 20% del IRPF a los agricultores, ayudas económicas y líneas de crédito.

En una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, planas ha remarcado que a pesar de las lluvias recientes repartidas por toda la Península, estas medidas son «necesarias» para afrontar el déficit hídrico existente. Así, ha señalado que en este periodo del año hidrológico las precipitaciones generales han bajado un 40% respecto a las series históricas, y las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana no alcanzan el 30% de almacenamiento de agua.

«Es una reducción muy significativa», ha destacado Planas, que ha explicado que el Real Decreto Ley es un «paquete potente» que tendrá un impacto estimado de 450 millones de euros. Así, abordará una «situación estructural» con unas medidas que buscan «recuperar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas» a través de cinco bloques dedicados al empleo y la fiscalidad.

Según ha explicado, estas medidas son una respuesta para hacer frente a la sequía y proteger al sector agricultor y ganadero, que han estado «al pie del cañón para proveernos de alimentos».

Reducciones del 20% en el IRPF y líneas de crédito ventajosas

En concreto, ha indicado que los agricultores y ganaderos podrán acceder a una reducción del 20% en los módulos del IRPF y a líneas de créditos ventajosas, aplazar el pago de las cuotas a la Seguridad Social y se equipara la contratación como fijo discontinuo y la contratación eventual, a los efectos de acceso y determinación del derecho al subsidio.

Además, el paquete de medidas fija un precio del agua desalada para 2022, un recurso clave para paliar la falta de recursos hídricos convencionales en las explotaciones agrícolas y ganaderas del sureste y se reducirán los cánones de regadío en las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana.

En concreto, en materia laboral y de Seguridad Social incluye medidas de liquidez, como son los aplazamientos especiales, para empresas incluidas en el Sistema Especial Agrario y para autónomos pertenecientes al Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia (SETA), de las cuotas a la Seguridad Social a un interés reducido del 0,5 %, siete veces inferior al habitual.

En el caso de las empresas, los periodos de devengo serán entre los meses de marzo a mayo de 2022 y, para los autónomos, de abril a junio.

Andalucía y Extremadura, las más afectadas

Asimismo, se reduce el número mínimo de jornadas reales cotizadas. Pasarán de 35 a 20 par poder acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y Extremadura, los dos territorios más afectados, ya que las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y Guadiana apenas alcanzan el 30%.

Igualmente, se equipará la contratación como fijo discontinuo y la contratación eventual, a los efectos de acceso y determinación del derecho al subsidio para trabajadores eventuales agrarios y a la renta agraria.

Así, los trabajadores con contrato de fijo discontinuo incluidos en el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social que desarrollen su actividad en Andalucía o Extremadura, y que hayan finalizado o interrumpido su servicio por fin de temporada o fuerza mayor, podrán tener la consideración de trabajadores fijos discontinuos o de trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social a efectos de la protección por desempleo siempre que reúnan los requisitos exigidos en cada caso.

El Gobierno calcula que esa medida beneficiará a 918.000 agricultores y ganaderos y reducirá la base imponible en más de 500 millones de euros. Al mismo tiempo, se aprueba la exención de las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica para determinados productores agrarios que reúnan ciertos requisitos.

Por otro lado, se incorporan medidas destinadas a la sostenibilidad de las explotaciones. En concreto, se ofrecerá a operadores agrarios una línea de ayuda directa para bonificar operaciones de financiación a través de las entidades financieras, para lo que se habilita un presupuesto de 10 millones de euros, que podrá movilizar más de 100 millones de euros en el sector.

2,7 millones de euros en financiación

Por otro lado, en relación con la financiación de avales en explotaciones agrarias, el MAPA podrá poner a disposición de los operadores económicos, dentro de su competencia, líneas de financiación de 2,7 millones de euros, en las que subvencionará, en régimen de concesión directa, el coste de los avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).

En esta línea, a la mayor brevedad se acordará que el seguro agrario pueda acometer ampliaciones de crédito precisas a fin de que se pueda dar respuesta al incremento en la contratación producida en el Plan de Seguros Agrarios Combinados, y el Gobierno solicitará los anticipos de las ayudas y flexibilización de las condiciones de aplicación de la Política Agrícola Común (PAC).

Respecto al agua desalada, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha definido unas «tarifas asumibles» para los usuarios de regadío para el agua desalada en las Instalaciones Desaladoras de Agua de Mar (IDAM) y en las conducciones que deben salvar mediante elevaciones una gran diferencia de cota entre origen del recurso y demanda de destino.

Así, se limitará el coste del agua procedente de desaladoras de titularidad de la Administración General del Estado de hasta 0,450 €/m3, en toma de riego y con el coste del agua en la Conducción Júcar-Vinalopó, donde se fijan precios de 0,295 euros por metro cúbico en toma postrasvase. La fijación de estos precios máximos permitirá a los usuarios asumir los costes del recurso.

Finalmente, el Real Decreto ley incluye medidas para reducir los efectos producidos por la sequía en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir y del Guadiana, que serán de aplicación a determinadas unidades territoriales de escasez (UTES). En concreto, destaca la reducción de entre el 50 y el 100% de las cuotas del canon de regulación y las tarifas de utilización del agua o la puesta en marcha de obras de emergencia en la demarcación del Guadalquivir con una inversión estimada de 9,65 millones de euros.

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