La Inspección de Trabajo ha multado a Glovo con 78,9 millones por tener contratados a repartidores como falsos autónomos en Barcelona y en Valencia. La empresa debería haber puesto en nómina a 10.641 empleados, de acuerdo con lo que establece la Ley Rider.
Las infracciones sancionadas afectan a 8.331 empleados en la capital catalana y 2.283 riders en la valenciana. La Inspección de Trabajo considera que son falsos autónomos “que dependen” de Glovo y que esta compañía tendría que haberlos incorporado a la plantilla como trabajadores por cuenta ajena.
“La empresa no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores, sino que presta servicios de reparto y mensajería, fijando las condiciones esenciales de prestación de dicho servicio”, indican los inspectores.
En detalle, en Barcelona sanciona con 39 millones de euros de multa el uso de falsos autónomos y exige a Glovo 24 millones en cuotas a la Seguridad Social que debían haberse cotizado.
En Valencia, la empresa tiene que abonar 2.500 euros de multa por obstrucción a la Justicia, además de 10,7 millones por usar falsos autónomos y otros 5,05 millones en cotizaciones pendientes a la Seguridad Social, al considerar asalariados a los repartidores.
Regularización de más de 10.600 trabajadores
Esta mañana la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha confirmado la regularización de más de 10.600 trabajadores de la empresa de reparto Glovo: «Estamos ante unos falsos autónomos y el peso de la ley va a caer sobre esta empresa como ha caído con la Inspección de Trabajo», ha dicho en los pasillos del Congreso.
La ministra de Trabajo ha explicado que Glovo ha actuado de manera «gravísima» en dos aspectos, vulnerando los derechos laborales y obstruyendo también la labor de inspección: «Y esto es gravísimo en un Estado social, democrático y de derecho, donde las empresas tiene que cumplir la ley».
Ha destacado el importe elevado de la multa y ha sido tajante al añadir que la «ley se aplica a todo el mundo y desde el Ministerio de Trabajo no vamos a parar y vamos a cumplir la ley». En agosto, la ministra también abrió la puerta a exigir responsabilidades a los restaurantes y otros establecimientos que hagan uso de sistemas de reparto ilegales, que vulneren la regulación.
En lo que va de año Glovo suma ya 42,2 millones de euros en liquidación de cuotas a la Seguridad Social y otros 84,4 millones por infracciones, a lo que se suman sanciones por 14.000 euros en dos actas de obstrucción a la labor inspectora.
