El presidente Pedro Sánchez adelanta que promoverá cambios legales que aseguren «de forma definitiva que el pago corresponderá a los bancos».
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado en rueda de prensa que su Ejecutivo va a modificar la ley para asegurar «que nunca más los españoles paguen» el impuesto de las hipotecas y «que lo haga la banca».
Las palabras del presidente llegan tras la polémica decisión adoptada este martes por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que dictaminó que el pago del llamado Impuesto de Actos Jurídicos Documentados corresponde a los clientes de las hipotecas y no a las entidades bancarias.
«Respetamos la labor e independencia del Poder Judicial, pero no podemos dejar de lamentar la decisión del Supremo«, declaró el presidente, antes de anunciar también su intención de proponer a las Cortes «la creación de una autoridad independiente que refuerce los derechos de los consumidores en el sector financiero».
Sánchez concluyó en este sentido que la intención del cambio legislativo que pretende es reforzar «la protección ante potenciales abusos» y poder resolver «los conflictos en el sector financiero». Técnicamente se tratará de un decreto ley que actuará sobre la norma que actualmente regula el ámbito hipotecario, para modificarla.
El mandatario español también señaló que «el tribunal tiene que reflexionar sobre estas dos semanas que han tenido en vilo a la banca y a los ciudadanos» y añadió en ese sentido que «ningún poder debe quedar fuera de la autocrítica».
Incertidumbre y polémica
El pasado 18 de octubre el Supremo publicó una sentencia en la que establecía que eran las entidades bancarias, y no los clientes, quienes debían pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, cuyo importe suele oscilar entre el 0,5 o el 1,5 por ciento del valor del inmueble adquirido.
Sin embargo, pocos minutos después de darse a conocer la noticia, se dejó sentir su repercusión en el mercado de valores: los bancos españoles se desplomaban en bolsa.
Al día siguiente, en un movimiento sin precedentes, el Supremo dejó en suspenso el efecto de su propio dictamen y anunció que lo volvería a estudiar, debido a «su enorme repercusión económica y social».
Empezaba a abrirse en ese momento un controvertido y significativo debate que llegaba a cuestionar incluso la independencia del Poder Judicial y a especular sobre el verdadero alcance del poder de la banca en la sociedad española.
