La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, plantea un modelo fiscal “adecuado” para la economía colaborativa.

El Gobierno de España sigue aumentando la presión fiscal sobre el sector empresarial. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado que el Gobierno estudia fijar un tratamiento fiscal «adecuado» para la economía colaborativa, fundamentalmente para plataformas de sectores de alojamiento o transporte, entre las que se encuentran empresas como Airbnb, Uber o Cabify.

«Hay plataformas dedicadas a este servicio que generan miles de millones y no tributan de manera adecuada, porque la fiscalidad actual no reconoce este tipo de actividad y entran en competencia desleal con sectores tradicionales», ha afirmado Montero durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado para explicar las líneas generales y los objetivos de su Ministerio.

Montero ha advertido de que el Ejecutivo no va a hacer «dejación de responsabilidades políticas» porque algunas formaciones «se empeñen en derribar al Gobierno», sino que busca pactos con quienes estén dispuestos a hacer «concesiones» desde una vía «responsable».

Por ello, trabaja en los Presupuestos de 2019 para que sean «más sociales, igualitarios y redistributivos», para lo que contará con 125.000 millones de euros, una cantidad que permitirá el desarrollo de políticas en pro de una recuperación económica «más justa», ya que aún no ha llegado a «muchos hogares».

A este respecto, ha defendido que la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para eliminar el veto de la Cámara Alta al déficit no constituye un «menosprecio» ni una «falta de atención», sino que se trata de una disfunción normativa, por lo que el Ejecutivo continuará con su «interés legítimo y democrático» para que vea la luz la proposición de ley que sortearía ese veto y permitiría establecer la senda de déficit del Gobierno socialista, que conlleva un margen adicional de 6.000 millones de euros.