De acuerdo al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, cerca de la mitad de esa cifra se ha invertido en las medidas que impactan a la Seguridad Social y la otra parte, al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para hacer frente al pago de las prestaciones asociadas a los ERTE.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Escrivá ha precisado que en esta cifra se incluyen las exoneraciones y prestaciones asociadas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), las ayudas a los autónomos y las bajas por incapacidad temporal.
En cuanto al coste de esta nueva prórroga de los ERTE, el ministro ha señalado que dependerá de cuántos autónomos se acojan a las nuevas ayudas y de cuántas empresas soliciten los nuevos ERTE.
En todo caso, ha subrayado que el esfuerzo presupuestario es «extraordinario» y que superará los 1.000 millones de euros mensuales «en el mejor de los escenarios».
EL GOBIERNO NIEGA INSEGURIDAD JURÍDICA
Por otro lado, tanto Escrivá como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han negado que genere inseguridad jurídica el hecho de que se haya alcanzado un acuerdo ‘in extremis’ para prorrogar los ERTE.
«No hay mayor certeza jurídica que la que da un diagnóstico compartido», ha insistido la ministra, que ha asegurado que este acuerdo es «el definitivo» y que era «mejor esperar a la patronal que acordarlo sólo con los sindicatos».
Por su lado, Escrivá ha afirmado que «no parece que haya existido inseguridad jurídica» en relación al esquema anterior de los ERTE, que ha sido un «absoluto éxito».
«Ha habido una continuidad y una coherencia en todos los acuerdos de los ERTE y estamos absolutamente convencidos de que este acuerdo va a ser igual de bueno que los anteriores porque ninguna empresa y ningún trabajador se queda sin protección, que ha sido siempre el objetivo de todos los acuerdos», ha subrayado el ministro.
