El Gobierno ha aprobado este martes un Real Decreto-ley que reforma la estructura y el funcionamiento de la Casa Real y que incluye, entre otras medidas, la fiscalización de sus ingresos y gastos por parte del Tribunal de Cuentas, la publicación de todos los procedimientos de contratación que lleve a cabo, o el estudio de todos los regalos que se reciban en Zarzuela, para decidir si permanecen en la Casa Real, si pasan a Patrimonio Nacional o si se donan a entidades sin ánimo de lucro.
«Es un paso adelante muy importante en la modernización y ejemplaridad de la Casa Real», ha señalado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien ha dado a conocer esta medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha destacado que es una norma «fruto del trabajo en los últimos meses con la Casa Real y que se ha intensificado en las últimas semanas».
Se trata de la segunda medida en este sentido después que este lunes Felipe VI diera a conocer su patrimonio, valorado en más de 2,5 millones de euros, y que a juicio de Bolaños es «un ejemplo más de la transparencia que la Casa Real está implementando dentro del reinado de Felipe VI».
El objetivo, ha recalcado el ministro, es “reforzar la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la ejemplaridad de la Casa Real, en línea con los principios que han presidido desde su inicio el reinado de Felipe VI».
El Tribunal de Cuentas, dependiente de las Cortes Generales, es el máximo órgano encargado de fiscalizar la contabilidad y la gestión económica del Estado, de sus instituciones y de otras entidades que reciben fondos públicos. Sin embargo, hasta ahora no tenía competencia para fiscalizar el presupuesto de la Corona, algo que tampoco puede hacer el Congreso.
La medida se anuncia casi dos años después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestara el 10 de julio de 2020 que era partidario de suprimir la inviolabilidad del rey, al hilo de las informaciones sobre el dinero recibido en el extranjero por el rey emérito Juan Carlos I.
Posteriormente, en diciembre de ese mismo año, el presidente señalaba que Felipe VI quería una Monarquía constitucional adaptada a la España del siglo XXI y que estaba trabajando entonces en asuntos como la «rendición de cuentas» y la «renovación» aunque debían ir «paso a paso».
Bolaños ha señalado que ha sido una norma que ha contado «con el acuerdo del Gobierno en su conjunto», al referirse a Unidas Podemos. «Ha sido un acuerdo pacífico», ha apostillado. Estas son las principales líneas de su contenido, estructurado en tres grandes bloques:
Transparencia y rendición de cuentas
- Las cuentas de la Casa Real serán auditadas por el Tribunal de Cuentas, para lo cual «se suscribirá en próximas fechas un convenio de colaboración entre la Casa Real y el Tribunal de Cuentas», ha anunciado el ministro. Se será una auditoría externa.
- En materia de contratación, se introduce el principio de publicidad en todas las contrataciones que realice la Casa Real, «respetando, por supuesto, la autonomía presupuestaria y también todos los principios que ya rigen la contratación pública en nuestro país», ha recalcado Bolaños.
- Se aprobarán unas nuevas instrucciones de contratación y la obligación de publicar en la web tanto la regulación del procedimiento presupuestario como el de contabilidad. Cuando se aprueben las normas, se publicarán en la web de la Casa Real.
- Asimismo, también se publicará el presupuesto y los estados trimestrales de ejecución, todos los contratos suscritos por la Casa del Rey, las retribuciones, los regalos institucionales y la memoria anual de actividades de la Casa.
Eficiencia y vocación de servicio público
- Se pondrán en marcha convenios de colaboración con la Abogacía del Estado para el servicio de asesoramiento jurídico y otros con distintas administraciones y con distintos órganos de Administración General del Estado. «Algunos de esos convenios ya están en vigor, por ejemplo, con la Secretaría de Comercio, por lo que se habilita la posibilidad de que se sigan suscribiendo», ha añadido Bolaños.
- Se vincularán algunos servicios de la Casa Real con la función pública. Por ejemplo, la Oficina de la Intervención de la Casa Real será ejercida por un funcionario del Cuerpo Superior de Interventores y de Auditores del Estado, mientras que el consejero diplomático también de la Casa del Rey será un funcionario perteneciente a la carrera diplomática.
- Se dará rango legal a la asistencia sanitaria de la Familia Real, que es prestada por la Guardia Real en virtud de un acuerdo antiguo con el Ministerio de Defensa y ahora se incorpora a nuestro ordenamiento a través de este Real Decreto, ha explicado el ministro.
Ejemplaridad
- El personal de la Casa Real deberá ejercer sus funciones con arreglo al código de conducta que rige en la Casa del Rey. «Esto significa que deben velar, en todo caso, por los intereses generales y basarse en los principios de objetividad, de integridad, de neutralidad, de imparcialidad, de confidencialidad, de ejemplaridad, de austeridad, de honradez y de protección del medio ambiente y de igualdad entre hombres y mujeres», ha explicado.
- Los altos cargos, el personal de dirección y la alta dirección de la Casa del Rey deberá publicar anualmente su declaración de bienes, tanto en el nombramiento como en el cese.
- Todos los regalos que reciba la Familia Real serán inventariados, registrados y custodiados con el fin de estudiar si permanecen en la Casa Real, si pasan a Patrimonio Nacional o si bien, en función de la naturaleza del regalo, se donan a entidades sin ánimo de lucro.
