El pleno del Senado ha aprobado definitivamente la ley que volverá a revalorizar las pensiones conforme a la evolución del índice de precios de consumo (IPC), con 151 votos a favor, 108 votos en contra y 3 abstenciones.
Para el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que han votado en contra, es insuficiente el primer paquete de medidas de la nueva reforma de las pensiones.
Así, la ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones entrará en vigor antes del 1 de enero de 2022.
La norma incluye también el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que viene a sustituir al derogado factor de sostenibilidad de la reforma del PP, y que contempla una subida de cotizaciones durante diez años para hacer frente a la jubilación del denominado ‘baby boom’.
La senadora socialista, María del Mar Arnáiz, ha defendido que se trata de una reforma «basada en el acuerdo político y social» tras las recomendaciones consensuadas en el Pacto de Toledo y que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones a más de 9 millones de personas.
Propuesta de veto del PP
El PP ha vuelto a llevar al Senado una propuesta de veto contra esta norma, centrando algunas de sus críticas en el MEI, calificado de «parche» que solo sirve para «penalizar el empleo» según la senadora popular María Mercedes Fernández: «Es una reformilla, una mala reforma».
Fernández que ha acusado al PSOE de no creer «en el sistema contributivo de las pensiones» y ha afirmado que terminarán ampliando a 35 años el periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones.
Desde VOX también ha rechazado la norma y han asegurado que es el momento de elegir entre «pensiones y comunidades autónomas» y desde Ciudadanos han criticado una reforma que no «soluciona nada».
Para la senadora socialista Luna Morales, el veto del PP «significa dejar a 9 millones de personas sin revalorizar sus pensiones». En aplicación de esta norma, según el gobierno, las pensiones contributivas subirán el 1 de enero un 2,5 %.
Acercar la edad real de jubilación a la legal
La nueva ley contempla, además de la revalorización con la inflación y el MEI, otras medidas como cambios en los coeficientes reductores para los que se retiren antes de la edad legal de jubilación o nuevos incentivos para la jubilación demorada: una subida de la pensión del 4 % por cada año de retraso, un cheque único de hasta 12.000 euros o una mezcla de ambos.
El objetivo de estas medidas es favorecer la permanencia de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo y acercar la edad real de jubilación a la legal.
El grueso de esta reforma llegó al Congreso en septiembre tras ser acordada en julio tanto con los sindicatos como con la patronal y con un plazo adicional para negociar el MEI que finalmente salió solo con el respaldo de los sindicatos y que se incorporó como enmienda durante su trámite en el Congreso.
El mecanismo contempla una subida de las cotizaciones sociales durante diez años de 0,6 puntos, de los que 0,5 puntos serán pagados por la empresa y 0,1 puntos por el trabajador.
El objetivo es volver a crear un colchón en el fondo de reserva de la Seguridad Social para hacer frente a la jubilación de la denominada generación del ‘baby boom’.
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