Tras la entrada en vigor de la Ley 16/2022, que después de múltiples variaciones sigue sin dar respuesta a determinados aspectos del sistema de la insolvencia, los profesionales del sector reclaman la elaboración de un Estatuto de la que aporte soluciones a los problemas actuales y otorgue seguridad jurídica. “Es necesario para el correcto desarrollo de la profesión, que exista una regulación que defina de manera clara todos los aspectos relacionados con el ejercicio de esta. Esta propuesta, que llevamos esperando desde 2014, debe definir unos criterios que regulen el acceso y aseguren un correcto ejercicio de la profesión, garantizando unos estándares de calidad tanto para el profesional como para los implicados en el procedimiento de insolvencia”, señala Diego Comendador, presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC).
En este contexto, ASPAC ha elaborado una encuesta sobre el Estatuto de la Administración Concursal para reflejar la opinión de los expertos del sector acerca del contenido de dicho estatuto. Así, los resultados reflejan la necesidad de contar con un sistema de filtraje para acceder a la profesión, la definición de los parámetros para determinar los honorarios de los profesionales o la creación de un órgano independiente de control y supervisión del Administrador Concursal, entre otros. Según los datos que arroja la encuesta, la mayoría de los profesionales considera además fundamental la inclusión de los expertos en reestructuraciones en el Estatuto.
Un sistema de filtraje para acceder a la profesión, aspecto clave del Estatuto
En lo que respecta a los aspectos que el Estatuto debe cubrir, destaca la unanimidad entre los expertos del sector de establecer un filtraje para ejercer la profesión. Así, el 100% de los encuestados considera necesario contar con un filtro. La gran mayoría de estos, un 73,5%, asegura que el sistema de filtraje adecuado para acceder a la profesión debe ser un examen con dispensa por experiencia, que debe ser igual para todos los candidatos, con independencia de su área de especialización.
Además, el Estatuto debe definir los parámetros utilizados para determinar los honorarios de los profesionales de la insolvencia y la cantidad de procedimientos a los que puede acceder cada uno. Así, la gran mayoría de los encuestados- un 91,5% y 63,3% respectivamente- considera que no debe establecerse una limitación máxima de los honorarios ni de concursos por año y juzgado. Así, los honorarios deben calcularse con base en las horas de trabajo, la complejidad, la empresa en funcionamiento y el volumen e importe del activo y pasivo.
Por otro lado, la encuesta también refleja la necesidad de crear un órgano independiente a los colegios de abogados, economistas y auditores, que regule, supervise, defienda y resuelva acerca del régimen disciplinario y sancionador de los Administradores Concursales, así como la necesidad de regular también a los expertos en reestructuraciones y otros profesionales involucrados en el proceso, tal como indican el 81,3% de los encuestados.
“En un contexto de complejidad económica como el presente, es más necesario que nunca elaborar una regulación que ampare al profesional y sea una garantía de calidad para acreedores, deudores y el resto de implicados en los procedimientos de insolvencia”, apunta Comendador. “Si se regula el sector, tal y como lo hace la nueva Ley Concursal, no se puede abandonar al profesional, ya que la reforma no es efectiva si los actores que están involucrados en el proceso no se rigen por unos criterios y requisitos claros”.
