El Gobierno ha dado a conocer las condiciones que rigen la subasta de las frecuencias de 700 MHz, una de las bandas prioritarias para el despliegue del 5G.

La licitación está prevista para el primer trimestre de 2021 y se ha fijado un precio de salida total de 1.170 millones de euros.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha informado del inicio de una consulta pública sobre las condiciones del proceso, la primera que se realiza para una subasta de frecuencias y que estará abierta hasta el próximo 17 de enero.

Además, añade que las condiciones se someterán mañana de modo voluntario a la revisión entre pares en el seno del grupo de Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico (RSPG) de la Unión Europea, cuyo objetivo es que los Estados miembros intercambien experiencias y buenas prácticas sobre el proceso de asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico.

En concreto, el Gobierno español subastará ocho bloques de frecuencias: una concesión de 2×10 MHz, cuatro concesiones de 2×5 MHz, en la banda pareada 703-733 MHz y 758-788 MHz y tres concesiones de 5 MHz para comunicaciones solo descendentes en la banda 738-753 MHz.

El precio de salida para la subasta ha sido fijado en 340 millones de euros para el bloque de 2×10 MHz y en 200 millones de euros para cada uno de los cuatro bloques de 2×5 MHz. En el caso de los tres bloques de 5 MHz para enlace solo descendente el precio será de 10 millones de euros en cada uno.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales explica que para la fijación del precio de salida se han tenido en cuenta los precedentes de los precios de adjudicación obtenidos en los procesos anteriores para las bandas de 800 MHz y de 3,5 GHz.

«El motivo fundamental para ello es el reducido espectro disponible en esta banda de frecuencias, 30 MHz pareados; el límite fijado en la cantidad de frecuencias a utilizar por un mismo operador o grupo empresarial dirigido a fomentar la competencia y la realidad actual del mercado de las telecomunicaciones en España», incide.

OBLIGACIONES DE COBERTURA

Por otro lado, el texto propone establecer un modelo de requisitos de
cobertura que se deben alcanzar en un plazo de tres desde la formalización de la concesión y que establece dos niveles, un primero obligatorio para los concesionarios de los bloques de 2×5 MHz y un segundo de requisitos adicionales para el bloque de 2×10 MHz.

En concreto, los operadores adjudicatarios tendrán que
que proporcionar cobertura en esta banda de frecuencias a todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes, alcanzando el 50% de estas poblaciones en el primer año de vigencia de la concesión, el 75% el segundo año y el 100% el tercero.

Además, deberán dar cobertura en esta banda de frecuencias a todas las capitales de provincia y a todas las capitales de las comunidades autónomas; a todas las autopistas, autovías y carreteras multicarril de titularidad del Estado o de las comunidades autónomas y a las estaciones
ferroviarias de viajeros de líneas de alta velocidad.

Por su parte, el operadora que se adjudique el bloque de 2×10 MHz tendrá además la obligación adicional de proporcionar cobertura en esta banda de frecuencias a todas las poblaciones de más de 20.000 habitantes, alcanzando el 25% de estas en el primer año de vigencia de la concesión, el 60% en el segundo año y el 100% en el tercero.

OBLIGACIONES MAYORISTAS

Por otro lado, el Gobierno ha fijado para los cuatro bloques de 2×5 MHZ obligaciones de acceso mayorista a su red con el fin de fomentar su disponibilidad al conjunto de operadores desde el momento del inicio de los despliegues y de la prestación de servicios en esta banda, «de forma que los operadores que no resulten adjudicatarios de estas concesiones podrán prestar servicios 5G al conjunto de la ciudadanía desde el primer momento».

Esta obligación de acceso mayorista tendrá una duración limitada de cuatro años «con el objetivo de no lastrar las apuestas estratégicas y las prácticas comerciales de los licitadores adjudicatarios, fomentando a partir de ese plazo la consecución de acuerdos voluntarios entre diferentes clases de operadores».

La concesión de 2×10 MHz no lleva asociada obligaciones de acceso mayorista «en aras de maximizar el despliegue de la red e infraestructuras, la mayor extensión de los servicios y garantizar que se cumplan las exigentes obligaciones específicas de cobertura impuestas a este bloque».

DURACIÓN DE LAS CONCESIONES

El documento también recoge que la duración de las concesiones demaniales que sean otorgadas a los operadores de telecomunicaciones como resultado de esta licitación será de 20 años, la mayor posible, sin posibilidad de prórrogas y sin posibilidad de renovación automática.

El Gobierno entiende que este período es necesario para que los adjudicatarios puedan amortizar y rentabilizar la «importantes e ingentes» inversiones que tienen que realizar para desplegar redes y servicios con tecnologías 5G en esta banda de frecuencias, así como para cumplir las obligaciones de cobertura a exigir, generales y específicas, dentro de un modelo de negocio sostenible.

Los operadoras abonarán el precio fijado en la subasta en un solo pago, lo que, según el Ministerio, presenta ventajas para los licitadores adjudicatarios frente a un pago anual de la parte proporcional, más la aplicación del oportuno tipo de interés, durante toda la vida de la concesión, «habida cuenta del entorno actual de bajos tipos de interés y del acceso a la financiación de las empresas en el mercado financiero».

La licitación se desarrollará a través del mecanismo de subasta simultánea ascendente de múltiples rondas (SMRA), que se llevará a cabo a través de Internet. El Gobierno destaca que este modelo permite conjugar «una buena dinámica en el desarrollo de la licitación, así como
seguridad de los licitadores en el proceso de toma de decisiones y formulación de pujas en el proceso de licitación».

En este sentido, recuerda que el modelo de la subasta simultánea ascendente de múltiples rondas (SMRA) es el que se ha venido utilizando en los últimos años en España y el que mayoritariamente es usado tanto en los distintos Estados Miembros de la Unión Europea (UE) como a nivel internacional.

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