El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este viernes, por 15 votos a 6, rechazar la propuesta de informe al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda y elaborar un nuevo texto que debatirá el próximo 27 de enero.
Los vocales del CGPJ, que se reunían este viernes en sesión extraordinaria para estudiar la propuesta de informe al anteproyecto de la ley de vivienda, han acordado también cambiar al ponente, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, para volver a estudiar una nueva propuesta, según informan fuentes del Consejo.
La decisión del poder judicial retrasará previsiblemente hasta febrero la aprobación del anteproyecto de ley de vivienda en el Consejo de Ministros, que tenía previsto enviarlo al Congreso el próximo martes, 18 de enero.
Los nuevos ponentes serán los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas, tras el rechazo del texto presentado por el exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta, que criticaba la falta de concreción de las reglas de intervención de los precios del mercado de alquiler incluidas en el anteproyecto, aunque avalaba su compatibilidad con el derecho a la propiedad.
Precisamente el pasado martes, el borrador del informe de CGPJ sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda advertía de que algunos de sus contenidos son «inconcretos e imprecisos», como las reglas de la intervención de precios del alquiler, lo que a su juicio previsiblemente tendrá «una incidencia en la carga de trabajo de los tribunales», ya de por sí elevada.
La ley no contará con el aval del CGPJ
Fuentes del consejo consultadas por Europa Press señalan que el anteproyecto tiene un evidente «sesgo ideológico» y avanzan que el nuevo informe que emitan será crítico con la ley que pretende sacar adelante el Gobierno de coalición y que no contará con el aval del Poder Judicial, aunque el informe es no vinculante, pero sí preceptivo.
Estas mismas fuentes indican que durante el pleno se ha rechazado que el Estado tenga competencia para aprobar una Ley de Vivienda con ese contenido, y que dado que entienden que no son correctos «múltiples aspectos» del anteproyecto, esto obliga al órgano de gobierno de los jueves a reelaborar el informe.
Un punto clave en el que discrepan es el relativo a la calificación del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, porque entienden que incorpora «un evidente sesgo ideológico» que será abordado en el informe que se presente a finales de enero. En cualquier caso, avanzan que lo que es evidente es que el CGPJ no dará su aval a ese anteproyecto del Gobierno de Pedro Sánchez, «sino todo lo contrario».
El borrador del informe sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda elaborado por Cuesta indicaba que era un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda que recoge la Constitución.
No obstante, entendía que se daba una «falta de concreción» en algunos puntos, especialmente en los preceptos que determinan las reglas de intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas.
El CGPJ ya advirtió de que su informe no estaría antes del 27 de enero
Aunque el CGPJ ya advirtió el pasado diciembre de que no veía posible aprobar su informe antes del 27 de enero, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aseguraba esta semana en Dubái que el Gobierno enviaría el anteproyecto al Congreso el 18 de enero.
Desde Unidas Podemos han manifestado su «preocupación por los retrasos injustificables» en la ley de vivienda, tras conocer lo ocurrido este viernes en el pleno del órgano de los jueces.
Considerada una de las «leyes estrella» de los morados y negociada en primera persona por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, el anteproyecto permite por primera vez la regulación de los alquileres en las zonas con mercados tensionados, pone freno a los desahucios sin vivienda alternativa para familias vulnerables y prohíbe la venta de vivienda protegida.
El Ministerio de Transportes asegura que la ley «será una realidad»
Desde el Ministerio de Transportes (MITMA) afirman que próximamente esta ley «será una realidad» que contará con todas las garantías y «plena seguridad jurídica».
En un comunicado, fuentes del departamento dirigido por Raquel Sánchez señalan que el informe del CGPJ es un informe preceptivo, pero no vinculante que ellos mismo solicitaron y que respetan la decisión. No obstante, lamentan el retraso en la tramitación de «una norma que garantiza derechos y que aporta soluciones a los importantes problemas habitacionales de muchos españoles».
Por otro lado, aseguran que en los trámites para su solicitud, el Ministerio ha cumplido con todos los requisitos y plazos establecidos en la legislación vigente y recuerdan que el informe se solicitó el pasado 1 de diciembre, por trámite de urgencia, para que fuera emitido en el plazo de 15 días.
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