El Ministerio de Consumo ha impulsado en 2021 algunos de los principales compromisos adquiridos en el acuerdo de Gobierno, según refleja el informe de rendición de cuentas Cumpliendo, elaborado por el Ejecutivo.
La protección de los consumidores más vulnerables y la mejora de los hábitos de consumo –saludable, sostenible y responsable– han sido dos de los principales ejes de actividad del ministerio, con medidas como la introducción de la figura de persona consumidora vulnerable.
En materia de Juego, entre los hitos más relevantes de actividad del último año, destacan la regulación de la publicidad de juegos de azar y la reorientación de la tasa por la gestión administrativa del juego.
El 31 de agosto entró en vigor la totalidad del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego, con lo que quedó regulada por completo la publicidad de juegos de azar en España, tras diez años de ausencia de control desde la aprobación de la Ley del Juego en 2011.
Esta medida implica la prohibición de la publicidad online, del uso de personas con reconocimiento público en anuncios, de la emisión de bonos de captación, de la publicidad en radio y televisión (excepto en la franja de 1.00 h. a 5.00 h. de la madrugada) y del patrocinio de equipaciones, estadios y equipos deportivos, entre otras medidas.
El Ejecutivo también ha aprobado la reorientación de la tasa de juego hacia la prevención de la ludopatía y la coordinación de los registros de autoprohibidos.
Así mismo, la incorporación en enero de la figura de persona consumidora vulnerable en la legislación estatal garantiza que las relaciones de consumo se realizan en entornos más igualitarios, accesibles y transparentes.
En la actualidad, es frecuente que diversos grupos de población se encuentren en situaciones de desventaja, indefensión o desprotección frente a las empresas. Esta medida protege a colectivos vulnerables, como los menores, las personas de avanzada edad, con bajo nivel de digitalización, con discapacidad funcional, intelectual, cognitiva o sensorial y, en general, todas las que tengan dificultades por la falta de accesibilidad de la información.
La protección que garantiza desde el 20 de enero de 2021 la figura de persona consumidora vulnerable tuvo su primer hito el pasado mes de septiembre, tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja (La Palma). El nuevo marco legislativo garantizó la protección a las familias afectadas en sus relaciones de consumo con las empresas con las que tenían contratados servicios.
De cara a 2022, los Presupuestos Generales del Estado y los Fondos Europeos dotarán al Ministerio de una partida presupuestaria un 20,36% superior que en 2021 para seguir desplegando políticas de protección de la ciudadanía y mejora de las relaciones de consumo.
Derechos de los consumidores y usuarios
En este periodo, Consumo también ha puesto en marcha importantes medidas en materia de derechos del consumidor, que se han visto reflejadas en la Ley General de Derechos de los consumidores y usuarios.
Además de la incorporación de la figura de persona consumidora vulnerable, el ministerio ha aprobado en 2021 la ampliación de los plazos de garantía legal de dos a tres años para los productos comprados, que entrará en vigor el 1 de enero de 2022. La nueva normativa también obligará a las empresas a ampliar de 5 a 10 años el plazo en el que las personas consumidoras podrán disponer de piezas de repuesto para sus productos.
En materia de consumo responsable, la campaña #HuelgaDeJuguetes contra los estereotipos de género ha tenido una notable repercusión, en vísperas de las fiestas navideñas, el periodo del año en el que se realizan más compras de juegos y juguetes.
Lucha contra los abusos por parte de empresas.
El pasado 20 de julio, el ministro Alberto Garzón anunció la aprobación del Anteproyecto de Ley que mejora la capacidad sancionadora en caso de fraude o abuso masivo cuando sucedan en varios estados de la UE o cuando el infractor no se encuentre en España en el caso del aquellas relacionadas con el comercio online.
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha dado luz verde para la tramitación del anteproyecto de la Ley SAC, que regulará por primera vez en España los estándares mínimos de calidad que deben cumplir los servicios de atención al cliente en nuestro país.
De igual modo, dentro de la Estrategia Española de Economía Circular, el Ministerio trabaja en la inclusión del índice de reparabilidad en el etiquetado –ahora en fase de análisis de aportaciones, tras la consulta pública–.
Fomento de hábitos de consumo saludables
Durante este año, Consumo ha impulsado iniciativas para el fomento de la alimentación saludable –como la subida del IVA al 21% en los refrescos azucarados, desde el 1 de enero de 2021– y ha anunciado que regulará la publicidad de alimentos y bebidas altos en sales, grasas o azúcares dirigida al público infantil, para garantizar derecho a la salud en la infancia.
Todas estas acciones se han complementado con numerosas campañas de sensibilización, tanto para impulsar buenos hábitos como el consumo de fruta y verdura de temporada como los de la reducción de la ingesta excesiva de carne o azúcar, cuyo abuso está generando graves problemas de salud en la población española en los últimos años.
Además, Garzón presentó en noviembre el recetario Comida rápida, saludable y barata, elaborado por el ministerio en colaboración con la nutricionista Boticaria García, y firmó un convenio de colaboración con la Gasol Foundation, que ha permitido impulsar una campaña destinada a mejorar los desayunos y meriendas de niños y niñas en edad escolar. Otro de los proyectos que ayudará a mejorar los patrones de alimentación será el etiquetado frontal Nutriscore, recogido en el acuerdo de Gobierno.
Desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) se ha iniciado la aprobación de la Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutrición, dotada con medio millón de euros para su fase inicial.
Tras dos años de trabajo, y una vez cimentada la protección de los derechos de las personas más vulnerables, el Ministerio de Consumo avanza en nuevas medidas que permitan fomentar el comercio de proximidad, reducir el desperdicio alimentario, paliar los efectos del consumo sobre la salud y el medioambiente, entre otras.
En este apartado destaca, especialmente, la flexibilización higiénico sanitaria para la venta directa por parte de pequeños productores alimentarios. Hace un mes, el ministerio inició los trámites para regular y clarificar los requisitos de higiene y comercialización de ciertos productos en comercios al por menor, que afectarán positivamente a más de 350.000 establecimientos.
Trabajo con las Comunidades Autónomas
Todo el despliegue del ministerio para la aumentar la protección y las garantías de las
personas consumidoras se ha realizado de la mano de las Comunidades Autónomas, con
las que se ha aprobado el nuevo Marco Estratégico de Consumo (2022-2025) que
llevaba sin actualizarse desde 2009.
Además, el ministerio ha culminado los convenios con ayuntamientos y Comunidades
Autónomas para las Juntas Arbitrales de Consumo como alternativa a la vía judicial, con
una dotación presupuestaria de 1,62 millones de euros.
Protección en tiempos de pandemia
Más allá de las medidas impulsadas por el acuerdo de Gobierno, firmado antes de la
pandemia, la coyuntura mundial ha requerido flexibilizar y adaptar normativas para
proteger a la población. Así, desde el Ministerio de Consumo se han garantizado el
acceso a suministros de protección frente a la Covid-19 e impulsado destacadas medidas
del escudo social para reducir la pobreza energética.
