El Ingreso Mínimo Vital (IMV), una de las principales medidas del Gobierno de coalición PSOE-Podemos para paliar los efectos sociales de la pandemia se ha quedado en promesa debido a que más del 90% de las personas que lo han solicitado, no lo han recibido.
«Tenemos que estar felices porque estamos dando respuesta a una situación de desigualdad», dijo la socialista María Luisa Carcedo cuando la prestación salió adelante en el Congreso el pasado 10 de junio, con el apoyo casi unánime de toda la Cámara (a excepción de Vox). Sin embargo, cuatro meses después, esta ayuda sigue sin llegar a la mayoría de hogares que la solicitan: de los 976.000 expedientes tramitados hasta octubre, solo se ha resuelto el 34%, de los cuales el 14% ha sido aprobado y el 20% rechazado.
Es decir, solo 136.00 hogares están recibiendo o tienen aprobada el Ingreso Mínimo Vital, frente a los 192.000 a los que se les ha denegado, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social proporcionados a través del portal de transparencia. Cuando se puso en marcha, se calculaba que llegaría a 850.000 familias.
La cifra de expedientes aprobados en estos meses es todavía menor si no se tienen en cuenta los 74.100 hogares a los que se les concedió de oficio nada más ponerse en marcha la medida, sin tramitación. Sin ellos, solo el 6,4% de las personas que han pedido el Ingreso Mínimo Vital ha obtenido una respuesta positiva en estos meses (62.313 personas).
La espera, además, es muy distinta según en qué provincia se tramite. Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Madrid son las que más retraso acumulan, rondando el 75% de expedientes no resueltos, mientras que Soria es la que más está al día (37%), también por ser la que menos solicitudes atesora.
Aunque el número de peticiones tramitadas ha aumentado considerablemente desde agosto, cuando solo el 0,7% de las solicitudes se había aprobado (sin contar las de oficio), siguen siendo palpables las dificultades en la tramitación que arrastra desde sus inicios esta ayuda. Las prisas con las que se puso en marcha provocaron que, al entrar en vigor, muchos requisitos fueran confusos y no hubiese personal ni infraestructura suficientes para hacer frente a la avalancha, alargando los plazos de resolución, que han tenido que ampliarse de tres a seis meses.
Así, al cierre de la nómina de octubre, la Seguridad Social todavía tiene pendientes de analizar 482.000 expedientes, y más de 160.000 casos que se encuentran a la espera de subsanar algún error o complementar documentación.
“Las solicitudes aprobadas siguen siendo insuficientes, hay muchas personas que siguen esperando respuesta desde junio o julio, que están sin ingresos, y ni siquiera saben por qué no se les resuelve”, explica Joaquín García, presidente de la Asociación Víctimas del Paro. “Se han corregido muchos cosas que no tenían sentido, pero sigue habiendo mucho caos. Ahora, por ejemplo, están dando el IMV a personas que ni lo han pedido, de oficio otra vez, mientras otros llevan meses y no les dicen nada. No le encontramos explicación”.
Además, aunque el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, del que depende esta prestación, auguró que la mitad de expedientes serían rechazados por no cumplir los requisitos, lo que dicen los datos hasta ahora es que este porcentaje es todavía mayor: por cada dos expedientes que se aprueban, se rechazan tres.
Tragsa y 1.050 funcionarios
Desde el principio, este subsidio ha sido un quebradero de cabeza para el ministerio, que tuvo que poner en marcha su tramitación en tiempo récord, ya que a los cinco días de aprobarse en el Congreso se abrió el plazo de presentación. Ante la avalancha de expedientes, la Seguridad Social ofreció hacer horas extra a sus funcionarios, pero ni así consiguió controlar todo lo que entraba. “Muchos se apuntaron, pero a los tres o cuatro días renunciaron, porque no daban abasto del tiempo que tardaba cada expediente. Es muy complejo y hemos ido aprendiendo sobre la marcha”, explicaba en agosto a este diario Juan Zamora, secretario de Organización de la sección estatal del INSS en CCOO y funcionario tramitador de estas prestaciones
Durante estos meses, el ministerio ha ido modificando algunos de los requisitos, como pedir un año cotizado y cinco de independencia a los menores de 30 años, “pero siguen dejando gente fuera, como las personas que no tienen hogar ni padrón”, denuncia García.
Además, para agilizar la tramitación del Ingreso Mínimo Vital, el ministerio de Escrivá subcontrató a la empresa pública Tragsa a mediados de julio —concretamente, a su filial, Tragsatec— por 7,6 millones de euros, quien empleó a 500 tramitadores. No fue suficiente: a mediados de septiembre, Hacienda dio permiso al ministerio de Escrivá para contratar a 1.050 interinos y resolver el cuello de botella generado desde que se aprobó. Pero tampoco así se ha cumplido la meta propuesta por Escrivá de llegar a las 150.000 ayudas aprobadas a finales de ese mes.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró que siguen trabajando para agilizar el tapón generado con esta prestación y defendió que se ha producido un salto en las últimas semanas, precisamente agilizando trámites y suprimiendo requerimientos no imprescindibles, sin que esto condicione la «comprobación de que el ciudadano cumple con los requisitos que se establecen porque si no, sería injusto en términos sociales o en términos de la población general».
Estos son los errores que te llevarán a perder el Ingreso Mínimo Vital
